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Los negocios de la construcción y alimentos son los más apetecidos detrás de las cárceles del país, empresas como Marval y Rubau realizan mantenimiento y rehabilitación de algunos centros penitenciarios.
Por el contrario, al rubro de la salud nadie se le mete, por lo que Caprecom, EPS del Estado, ha tenido que responder por el bienestar de los presos.
La entidad médica maneja 76% de los servicios de salud de las cárceles, es decir que ofrecen servicios médicos a alrededor de 116.000 presos, a pesar de que este año podría ir a liquidación sino cumple con los requerimientos financieros de patrimonio mínimo y margen de solvencia. Mientras tanto, 14% de los servicios de salud de los presos están en manos de empresas del régimen contributivo y 7% es manejado por otras EPS.
La directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, encargada de los procesos de contratación del sector penitenciario, María del Pilar Bahamon Falla, asegura que el servicio de salud de todos los presos tienen un valor de $15.055 millones, tanto los que presta Caprecom, como aquellos riesgos que están por fuera del Plan Obligatorio de Salud, a través de la póliza de seguros.
Según lo indica Caprecom, el dinero que el Estado le desembolsa para asistir a quienes están privados de su libertad, no responde a los verdaderos gastos en salud. El año pasado se atendieron un total de 1.005.440 pacientes, de los cuales 20.327 correspondieron a urgencias médicas.
Por esto, la prestación de servicios le ha generado un desequilibrio financiero superior a los $80.000 millones, según Caprecom. La entidad explica que los costos se elevan por las condiciones en las que viven los presos, el hacinamiento y las áreas inadecuadas para la prestación del servicio.
Los reclusos tienen a su servicio 23 hospitales de la red pública y hay 627 contratistas de Caprecom al interior de los establecimientos carcelarios.
Con relación a la infraestructura carcelaria, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios anunció que invertirá $23.000 millones para la generación de 2.152 cupos en 2014, así como, $50.000 millones para rehabilitación y mantenimiento de cárceles. Empresas como Rubau, Marval y Disico tienen a su cargo los contratos para la construcción de tres nuevos establecimientos carcelarios que se construirán para 2014.
Estos convenios tienen que ver con la ampliación del establecimiento de Buga, por un valor de $55.000 millones con las empresas Lab Construcciones y Construcciones Rubau; la ampliación de la cárcel de Tuluá con una inversión de $48.000 millones a cargo de Proing y CyG ingeniería. Finalmente, la ampliación de la cárcel en el Espinal por $55.000 millones la hará Marval, Urbanización Marín y Construcciones e Inversiones Beta.
El Gobierno construirá pabellones dentro de ocho cárceles, utilizando las áreas comunes, de resocialización, el sellamiento externo, lavandería, espacios que estaban sin utilizar por mal mantenimiento. Según el viceministro de Política Criminal, Miguel Samper, la rehabilitación de estos espacios permitirá la incorporación de 2.380 nuevos cupos.
La decisión de rehabilitar los espacios carcelarios existentes nace de una información preliminar de un estudio realizado por el Banco de desarrollo de América Latina (Caf). “Nos dimos cuenta con las cifras preliminares que era más eficiente la utilización de recursos en rehabilitación, en prevenir la criminalidad y resocializar a los criminales que seguir construyendo cárceles al infinito”, señaló Samper.
El año pasado se declaró una emergencia carcelaria debido al porcentaje de hacinamiento. Por esta problemática, según Bahamon Falla, se invirtieron $228.000 millones, con lo cual se contrató el mantenimiento de redes hidráulicas, eléctricas e hidrosanitarias, así como la puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. “Todo esto para mejorar las condiciones de habilitabilidad y salubridad de los internos”.
Finalmente, la provisión de alimentos es el contrato más grande que se hace por el servicio de un preso. El año pasado se hizo una licitación por $340.213 millones para este rubro. Para ello, las 138 cárceles del país se dividieron en 26 zonas y los oferentes podían participar hasta por tres bloques, por lo que son 10 las empresas encargadas de la alimentación de los presos, cuya ración diaria es estimada en $7.000.
Los mayores contratos, por el número de personas que atienden, son de Fabio Dobaldo Barreto, con $42.425 millones; Juan Carlos Almansa, con $41.604;Organizacion Empresarial NRC S.A., $34.896 millones y Proalimentos Liber S.A.S., con $28.566 millones.
Para este año, de acuerdo con el Inpec, se harán inversiones para adquirir cinco inhibidores de señal de celular, para culminar el año con 17; se aumentará en siete el número de salas para hacer audiencias virtuales y en circuitos cerrados de vigilancia.
Las opiniones
General Saúl Torres
Director del inpec
“Estamos realizando un convenio interadministrativo en coordinación con el Ejército para ampliar en 10.000 los cupos penitenciarios a través de 10 constelaciones”.
María del Pilar Bahamón Falla
Dir. unidad de servicios penitenciarios y carcelarios
“En este año se tiene presupuestado contratar e iniciar obras apuntando a que a final de 2014 sean entregados aproximadamente 2.000 cupos”.
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