Cámara aprobó en último debate proyecto de Ley de Incidente Fiscal

Si bien la figura no le da la potestad al Gobierno de controvertir los fallos de las Altas Cortes, sí le permite proponer un plan de implementación de la sentencia, pues una vez proferida la misma se inicia una etapa de diálogo con los altos tribunales para llegar a un acuerdo sobre cómo se va a dar el cumplimiento, según precisó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

El recurso solo será requerido en caso de sentencias con impacto macroeconómico. Sin embargo, lo que no se estableció es a partir de qué monto se afectaría la sostenibilidad fiscal del país.

"No podemos decir una cifra, no es un monto fijo, ni por cuanto tiempo, depende de las decisiones que se tomen, cada caso tendrá su propia justificiación", señaló Cárdenas. Dicho monto se fijaría a través de un decreto reglamentario.

Luego del fallo, el Gobierno Nacional tendrá entre dos y tres meses para solicitar el recurso de incidente fiscal y argumentar por qué para el cumplimiento de esa decisión se requiere un tiempo "prudencial".

Posteriormente, se convocará a una audiencia pública, espacio de diálogo entre los altos tribunales, el Gobierno y los demandantes, y donde se producirá la decisión sobre cuánto tiempo se va a requerir para la implementación del fallo. "Es acerca del cómo se va a hacer, en cuánto tiempo y de qué manera", señaló el Minhacienda.

Cárdenas fue enfático en que en este escenario "no se discute el fondo, no se podría reversar una decisión de una Alta Corte y no se compromete ni se vulnera un derecho fundamental".

Sin embargo, el representante a la Cámara Germán Navas, señaló que sí se lesionan derechos fundamentales de la ciudadanía al retardar los procesos: "usted demanda y si al Estado le parece que aquello que por lo cual lo condenaron es muy alto, el Gobierno propone el incidente fiscal y tranca el pago al que está obligado el Estado frente a usted”, aseveró.

 El recurso podrá ser solicitado por ministros y el procurador general de la Nación, y siempre deberá tener el acompañamiento del ministro de Hacienda, para que éste diga: "las cifras son estas y para cumplir con esta tutela, dado su impacto macroeconómico, se va a requerir un determinado tiempo", expresó Cárdenas.

La plenaria también aprobó un artículo para que el incidente fiscal también pueda ser solicitado "en las sentencias que afecten la sostenibilidad fiscal, ya no de la Nación sino de los entes territoriales (municipios y departamentos)", según explicó el Ministro.

Todo ello porque, según agregó, "nosotros no podemos llenarnos de gastos hoy para el día de mañana dejar deuda", refiriéndose a que el Estado no puede asumir sus obligaciones a base de deuda pues esto afectaría la economía pública.

El proyecto, que tuvo una votación de 77 a favor y 11 en contra, pasa a conciliación, allí se definirá quién tendrá la última palabra en ese espacio de diálogo, la Cámara de Representantes propone que sean las Altas Cortes y el Senado, que sea el Gobierno.