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Por una parte, Campetrol denunció que las compañías operadoras Vetra, Gran Tierra y Amerisur, ubicadas en Putumayo, están siendo afectadas por el bloqueo a las operaciones que desconocidos están llevando a cabo, “y que según información preliminar, se realizan en el marco de los reconocimientos técnicos que delegados del Gobierno, las Farc y la ONU hacen a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn)”.
Estas alteraciones se suman a 45 bloqueos que se tienen calculados y que se han realizado este año a las operaciones de las empresas extractivas.
Para los expertos esto solo es una muestra de lo que se viene presentando con una tendencia creciente en el país y que está generando que las compañías paralicen y hasta cancelen proyectos en las regiones.
Por ejemplo, en esta semana Ecopetrol no ha podido realizar la toma de sísmica en el departamento del Caquetá, y hace unas semanas Equión finalmente pudo realizar la perforación de un pozo después de meses de no poder movilizar un taladro.
Es por esta razón que el antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín, recomendó en uno de los cuadernos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que el Gobierno entregue canales claros y estables para tramitar y hacer seguimiento a las demandas que se hacen en las protestas sociales. Esto, ya que la conflictividad se estaría saliendo de control.
Además explicó que “es muy importante, y vale la pena, hacer una recapitulación de las experiencias aprendidas por los actores. Esto de hecho podría recogerse, por ejemplo a través de talleres regionales que permitan identificar lecciones aprendidas y patrimonios que resultan de este complejo período ”.
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