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A partir de la fecha, las empresas que contraten a mujeres víctimas de la violencia obtendrán una reducción del 200 por ciento del valor de los salarios y prestaciones pagados durante el año, a partir del inicio de la relación laboral y hasta por un término de tres años.
Así lo estableció el Gobierno al reglamentar esta exención tributaria a través del decreto 2733 de 2012. Asimismo, con el decreto 2734 se reglamentó la asistencia complementaria de alimentación, transporte y alojamiento para las mujeres cuya vida se encuentren en peligro.
“Se tiene derecho a la exención tributaria cuando las mujeres tienen sentencia condenatoria por violencia intrafamiliar, acoso y violencia sexual o lesiones personales. En segundo lugar cuando se le sean otorgados una medida de protección y tercera cuando haya una sentencia donde se demuestre detrimento patrimonial por parte del cónyuge a la mujer”, explicó la alta Consejera Presidencial para la Equidad, Cristina Plazas.
Para el cumplimiento de estas medidas y beneficios, que tendrán una vigencia inicial de seis meses prorrogables, estarán a cargo los ministerios de Trabajo,Justicia y Salud, la Dian, y la Policía Nacional.
Desde Mintrabajo
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, reiteró que un empleador puede descontar un 200 por ciento de lo que paga a una mujer víctima de la violencia de lo que paga de sus impuestos, si la contrata.
“Se trata de violencia comprobada y que estas mujeres puedan tener oportunidades de trabajo y que los empleadores tengan este estímulo que significa que puedan reducir de los impuestos el doble de los salarios y prestaciones que pagan a estas mujeres”, aseguró Pardo.
Desde Minjusticia
Los beneficios serán otorgados por autoridades administrativas y judiciales como las comisarías de familia en los casos de violencia intrafamiliar, o por un juez de control de garantías para situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar.
“El comisario de familia cumple un papel fundamental en el engranaje no solamente a la hora de ordenar las medidas de protección sino también a la hora de garantizar el acceso a la justicia. Ante él puede acudir la mujer que ha sido víctima de la violencia con el fin de que si no ha sido aún atendida medicamente e igualmente debe comunicarse con la Policía para que valore el riesgo en el que se está”, explicó la jefe de esa cartera, Ruth Stella Correa.
Desde Minsalud
El Ministerio de Salud girará recursos por $11 mil millones a las secretarías departamentales y distritales de salud para que estas atiendan los casos de violencia. En el caso de Bogotá el presupuesto es de 470 millones de pesos.
Según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se llevará a cabo una coordinación con las EPS que son las que tienen que prestar los servicios de alojamiento, transporte y alimentación a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos.
Las secretarias de salud serán las encargadas de pagarle a las EPS para que cubran el costo generado por la prestación de las medidas de protección.
Desde la Dian
La Dian garantizará que este beneficio sea utilizado únicamente en honor a estas víctimas, ya que "si el control no es exigente puede ser una situación de evasión de impuestos", explicó el director de la entidad, Juan Ricardo Ortega.
Esta entidad llevará un registro de los contribuyentes beneficiados de la deducción fiscal del decreto 2733.
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