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Pese al buen ajuste en las finanzas del país, aún no han pasado del todo los efectos del sobreendeudamiento por la pandemia
Este martes, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió un pronunciamiento con respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo que presentó el Ministerio de Hacienda. En este afirman que las cuentas del gobierno han mejorado gracias a los altos precios de energéticos como el petróleo y el carbón. Sin embargo, señalan que estos ingresos extras deberán destinarse al ahorro.
Este documento asegura que aún se deben ajustar las cuentas por los déficits adicionales que se crearon para sortear la pandemia. Esto llevó al gobierno a generar un mayor nivel de deuda y ahora más de un cuarto de los ingresos tributarios de la nación deberán destinarse al pago de intereses en 2022.
Andrés Zambrano, miembro técnico del Carf, afirmó que si bien se ha hecho un ajuste significativo, aún restan dos años antes de lograr que la “casa esté en orden”, como afirmó en su momento José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.
De hecho, resaltan que la meta de pago de intereses en el mediano plazo es “ambiciosa” por lo que “la capacidad del Gobierno de reducir el pago de intereses, desde 26,3% de los ingresos tributarios en 2021 hasta 18,6% en 2024, dependerá crucialmente de la disciplina con que se respeten los techos de gasto”.
Así mismo, para 2023, teniendo en cuenta el pago de las amortizaciones de deuda, el Carf asegura que el monto a financiar es similar al de 2022. El déficit por financiar para 2023 asciende a $51,8 billones y las amortizaciones de deuda serán de $30 billones, por lo que el total será $96,5 billones.
El Comité también señala que el déficit fiscal esperado para este año (5,6%) no toma en consideración la totalidad del déficit por pagar que se generará en 2022 por concepto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), pues solo lo suma hasta marzo.
Vale la pena recordar que por concepto del subsidio a gasolina y diésel, el gobierno pagó $14,1 billones que eran la deuda acumulada del segundo semestre de 2021 y primer trimestre de 2022. Los cálculos de esta entidad muestran que en los restantes ocho meses se generarían deudas por $28,1 billones que serán contabilizados hasta 2023.
La falta de transparencia para conocer estas cifras (que entran a las cuentas como gastos de “Resto del Gobierno Central”) ha motivado al Carf a presentar una propuesta al Confis para que haya un cambio metodológico y se pueda conocer el saldo de este subsidio a medida que se vaya creando.
Para dejar “la casa en orden”, el Comité afirma que se debe cumplir con lo establecido en la Regla Fiscal y además va a depender de las decisiones de política pública que se hagan en los próximos 18 meses. En parte, porque los gastos de funcionamiento se van a incrementar en $30 billones, sin contar con el Fepc, en 2023.
El manejo de estas cuentas dependerá del recaudo derivado de la Ley de Inversión, así como la gestión de la Dian. Si el nuevo gobierno decide ampliar o mantener algunos gastos sociales, deberá encontrar nuevas fuentes de financiamiento.
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