Aumenta tensión política por responsabilidades en Hidroituango

La crisis que vive EPM por cuenta de los riesgos que persisten en la obra de Hidroituango no tiene precedentes técnicos en la compañía. En 63 años de existencia de este grupo empresarial, es la primera vez que debe enfrentar un choque financiero, reputacional y político como el actual.

Este tire y afloje entre EPM, en cabeza de Jorge Londoño de la Cuesta, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez y, de paso, el alcalde Federico Gutiérrez, parece lejos de terminar y, por el contrario, continúa el choque de versiones sobre las responsabilidades en la represa y el manejo de la contingencia.

La crisis sin duda afecta la reputación de una de las empresas de mejor imagen en Colombia. EPM está en el top cinco de las empresas con mayores ingresos en el país. Con corte al primer semestre de este año, se contabilizaron activos totales de $48,9 billones en las diversas ramas donde tiene actividades en generación y comercialización de energía, servicios públicos e inversiones en diversos sectores.

En este periodo se invirtieron $1,46 billones de los cuales 43% fueron destinados a Hidroituango, proyecto que en total tenía contempladas inversiones por $11,4 billones.

Sin embargo, como ha hecho saber la compañía, es necesario vender activos por cerca de $4 billones para revivir el proyecto que tardaría al menos tres años en entrar en operación y aportar los 2.400 Megavatios (MW) de capacidad instalada que tiene previstos.

Aunque en los últimos días los reportes indican control y estabilidad en la obra, lejos de suavizarse la tensión política entre el gobernador, la empresa y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; se ha llevado a polarizar las posiciones de los mandatarios regionales, que tienen poderes repartidos en el proyecto hidroeléctrico. Todo esto cobra especial importancia si se tiene en cuenta que estamos a un año de las elecciones regionales.

Las discusiones entre el gobernador Pérez y el gerente Londoño, han ido aumentando su nivel conforme avanza la recuperación del proyecto. EPM ha advertido “afirmaciones sin fundamento” e “imputaciones en distintos escenarios”, por parte de Pérez, las cuales “desacreditan la manera de proceder de la empresa y sus directivos”.

Primero, la aparición de una supuesta lista negra elaborada desde unas pruebas en polígrafo para restringir la información a funcionarios y, según Pérez, a él mismo. Este hecho llevó a la compañía a afirmar que se denunciará penalmente al gobernador y a la concejala Luz María Múnera Medina, al considerar que los comentarios de ambos han afectado la imagen de la empresa.

Sin embargo, los encuentros no terminan ahí. Más recientemente, durante su exposición en el Concejo, el gobernador abrió la puerta a lo que el considera ocho errores en el manejo de la crisis de Ituango, que van desde la construcción de los túneles de desviación, fallos en los revestimientos, construcciones sin licencia ambiental, hasta las inundaciones en Puerto Valdivia.

Pérez ha reclamado por estos “errores” y ha dicho que “la Gobernación, como dueña del proyecto, tiene la obligación de tener toda la información. La relación contractual con EPM es muy difícil, es una empresa muy grande que nos ve a todos chiquitos”.

Como respuesta, el gerente de EPM hizo un recuento de las situaciones que afectaron la ejecución del proyecto. De igual forma, Londoño afirmó que “para EPM sería muy importante conocer los documentos que ha venido elaborando la Gobernación y dar las discusiones del caso”, pues aún no cuenta con esos resultados de las fallas.

“Si tenemos que responder lo haremos, pero exigimos que las discusiones se hagan sin injurias y sin calumnias, como ocurrió en días pasados”, dijo Londoño. Esta confrontación parece no tener solución a la vista a favor de EPM.