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Sin contar primas, bonificaciones ni gastos de representación, directores de Ugpp y ANH tienen asignación básica salarial más alta
Esta semana, el Gobierno Nacional expidió una cascada de 22 decretos mediante los cuales estableció un aumento de 7% en el salario de todos los funcionarios públicos para 2026, incluyendo el del presidente, la vicepresidenta, ministros, magistrados y directores de agencias y entidades.
Al revisarlos, se observa que quienes tienen la asignación básica mensual más alta son el director general de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, Ugpp, y el director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, con ingresos de entre $34 millones y $39 millones.
Sin embargo, estos rubros no corresponden con el salario total devengado por los funcionarios, ya que, según explicó Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el incremento de 7% decretado por el Ejecutivo se aplicó directamente sobre la asignación básica mensual, que corresponde únicamente al salario base del cargo.
“Sobre ese valor se calculan y se suman otros componentes que también puede recibir el trabajador, como primas, bonificaciones, prima de antigüedad y otros pagos asociados a su remuneración”, puntualizó.
A los directores generales de la Ugpp y la ANH los siguen, con asignaciones básicas mensuales también altas, los secretarios generales y directores generales grado 14 del Senado y la Cámara de Representantes, con $34 millones; el superintendente de Salud, con $32,7 millones; y los directores generales de la Agencia Nacional de Espectro, ANE, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, con $30,1 millones en ambos casos.
Es importante entender que el salario mensual efectivo de los empleados del Estado, en las diferentes ramas y entidades, puede ser significativamente mayor que su asignación básica, dependiendo de las condiciones particulares de cada caso.
Al respecto, Salazar también advirtió que ni la asignación básica mensual ni el salario efectivo equivalen al costo total de los empleados públicos para el Estado. “Esa cifra tampoco corresponde a lo que la persona se gana mensualmente, porque allí ya entran otros rubros, como las prestaciones sociales y demás costos laborales asumidos por el empleador”, precisó.
Con estos puntos claros, el experto enfatizó que, si bien “un análisis con asignación básica sirve como primera aproximación, en realidad no captura por completo ni el ingreso total de cada funcionario ni el costo laboral total para el Estado”.
Ahora bien, sobre las razones por las cuales los directores de dos agencias devengan las asignaciones básicas más altas, Germán González, analista político de Orza, explicó que encabezan la lista por una decisión del Estado sobre dónde vale la pena pagar más. “Entidades como la Ugpp o la ANH operan en sectores donde el Estado compite directamente con el sector privado por talento técnico y donde un error de gestión puede tener impactos económicos y fiscales de gran escala”, agregó.
Esto lleva a que, según González, su diseño salarial privilegie una asignación básica más alta, en lugar de una fragmentación en primas. “Esto, en el fondo, quiere decir que el Estado está dispuesto a pagar más donde necesita capacidad técnica crítica”.
Si no solo se tiene en cuenta la asignación básica, sino también otros rubros adicionales, el panorama de los funcionarios públicos mejor remunerados cambia. En el caso de la vicepresidenta, el ingreso total asciende a $41,3 millones, de los cuales $11,32 millones corresponden a la asignación mensual, $20 millones a gastos de representación y $9,9 millones a prima de dirección.
Luego se ubican los ministros, quienes reciben un ingreso total de $30,7 millones, compuesto por $8,4 millones de asignación básica, $14,9 millones de gastos de representación y $7,3 millones de prima de dirección.
Frente a este punto, Gina García, gerente de GLR Abogados, precisó que “los gastos de representación son un rubro adicional que se reconoce a ciertos cargos de alta dirección. No corresponden al salario base, sino a un reconocimiento económico ligado a la investidura y responsabilidad del cargo”.
Por eso mismo, García advirtió que no todo el dinero que recibe un empleado público constituye factor salarial: “Sirven como base, según el caso, la asignación básica, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación, cuando aplique, la prima técnica y la prima especial en exterior”, dijo. Por el contrario, la experta detalló que no constituyen factor salarial las primas de dirección, gestión y riesgo ni las bonificaciones de recreación.
“El aumento del Gobierno de 7% para los funcionarios públicos se aplica sobre la asignación básica mensual. El efecto final sobre lo que recibe cada trabajador puede ser mayor”.
“La asignación básica no puede subir de manera aislada sin afectar toda la escala salarial. Por eso, en lugar de modificar esa base, el sistema recurre a otros rubros”.
Con respecto a la brecha entre los salarios de los directores de agencias y los ministros, González afirmó que revela una dualidad entre el poder político y el rigor técnico, ya que “mientras los jefes de cartera compensan una asignación básica moderada con gastos de representación que casi la duplican, aprovechando beneficios tributarios y de flujo de caja, los directores de agencias rompen la jerarquía estatal al percibir sueldos básicos significativamente superiores para competir con los altos estándares del sector privado”.
Esta estructura salarial deja ver, a juicio de González, que, en la arquitectura actual del Gobierno, el “peso político” se remunera mediante rubros de representación, mientras que la gestión de activos estratégicos obliga al Ejecutivo a “saltarse sus propios techos salariales para retener el talento técnico frente a la oferta laboral corporativa”.
En lo que respecta a alcaldes y gobernadores, que siguen en el ranking de las remuneraciones más altas, el Decreto 0323 de 2026 establece que aquellos clasificados en categoría especial podrán devengar un salario máximo de $27,3 millones, aplicable también al alcalde mayor de Bogotá. Para quienes se ubican en primera y segunda categoría, los salarios máximos son de $23,1 millones y $22,2 millones, respectivamente.
Al efectuar un desagregado por sectores y entidades, se evidencia que el contralor general es uno de los funcionarios mejor remunerados del Estado, con un ingreso total de $23,3 millones, compuesto por $8,41 millones de asignación básica mensual y $14,9 millones de gastos de representación.
Asimismo, el Decreto 0310 de 2026 establece que los salarios mensuales del vicecontralor y del director de Información, Análisis y Reacción Inmediata ascienden a $43,9 millones y $42,8 millones, respectivamente.
Para los demás funcionarios de la entidad, la norma fijó una escala salarial que va desde $3,3 millones hasta $6,7 millones para cargos asistenciales; entre $7,3 millones y $11,1 millones para técnicos y profesionales; entre $12 millones y $16,1 millones para ejecutivos y asesores; y entre $14,2 millones y $21,6 millones para directivos.
En el caso de la Auditoría General de la República, el Decreto 0308 de 2026 establece que el auditor general percibirá el mismo salario que el contralor general, es decir, $23,3 millones. Por su parte, el auditor auxiliar devengará un salario mensual de $43,7 millones, desagregado en $19,1 millones de asignación mensual, $16,1 millones de gastos de representación, $8 millones de prima técnica y $3,2 millones de prima de alta gestión.
Para los empleados de la Rama Judicial, el Decreto 0297 de 2026 establece que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendrán una remuneración mensual de $11,6 millones, de los cuales $4,1 millones corresponden a asignación básica y $7,4 millones a gastos de representación. Adicionalmente, recibirán una prima técnica de $6,9 millones, así como las primas de servicios, navidad y vacaciones, y la prima especial de servicios.
En la misma norma, informó que la remuneración mensual que recibirán los secretarios generales de las altas cortes será de $10,1 millones, monto del que 50% corresponde con gastos de representación.
El Gobierno no puede fijar los salarios de empleados públicos de forma discrecional o ‘a dedo’, sino con base criterios dispuestos en la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.
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