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Armando Benedetti confirmó que ya fue firmado el decreto de emergencia económica
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El ministro señaló que la emergencia económica es una medida excepcional para asegurar recursos destinados a obligaciones prioritarias del Estado
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto que declara el estado de emergencia económica ya fue firmado por todos los ministros del Gobierno nacional y radicado oficialmente. La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca responder al déficit generado tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso y contempla la imposición de nuevos impuestos dirigidos, según el Ejecutivo, a los sectores de mayores ingresos.
De acuerdo con Benedetti, el decreto fue suscrito el jueves 18 de diciembre y presentado formalmente al día siguiente. El funcionario sostuvo que la estructura de la norma se orienta a gravar a los llamados “megarricos” y no a la clase media, como han señalado sectores de la oposición y algunos representantes empresariales. Entre los tributos previstos se incluyen mayores cargas a licores, juegos de azar y entidades financieras de gran tamaño.
“El decreto se firmó por parte de los ministros y fue radicado posteriormente. La intención es clara: que el peso de la medida recaiga sobre quienes tienen mayores capacidades económicas”, afirmó Benedetti durante una rueda de prensa, en la que insistió en que el Gobierno busca proteger la estabilidad fiscal y evitar un deterioro de la economía nacional.
El jefe de la cartera política explicó que la emergencia económica se plantea como un mecanismo excepcional para garantizar recursos con los cuales atender compromisos prioritarios del Estado, en especial el pago de la deuda pública. Según advirtió, la falta de una ley de financiamiento incrementaría el riesgo país, afectaría la confianza de los bancos internacionales y presionaría al alza los bonos, con consecuencias directas sobre la inversión y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura.
“No pagar la deuda primero limita la capacidad del Estado para avanzar en obras estratégicas, como los proyectos 4G, porque la Constitución es clara en que las obligaciones financieras tienen prioridad”, señaló el ministro, al justificar la necesidad de la declaratoria.
El contexto fiscal fue expuesto previamente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien confirmó que el Gobierno acudirá al estado de emergencia económica para cubrir un faltante cercano a los $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación de 2026, generado tras el archivo de la reforma tributaria. La estrategia oficial apunta a alcanzar un recaudo cercano a los $16 billones mediante un paquete de impuestos temporales.
El borrador del decreto, conocido de manera preliminar, incluye un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT, la ampliación del gravamen a los movimientos financieros hasta 5x1.000, IVA de 19% a los juegos de suerte y azar en línea, mayores impuestos a cigarrillos y tabaco, y un impuesto temporal de 1% a la extracción y exportación de hidrocarburos y carbón.
El Consejo Gremial Nacional expresó su desacuerdo con el uso de la figura de emergencia económica y solicitó a la Corte Constitucional una revisión inmediata del eventual decreto, incluso si este se expide durante la vacancia judicial. A juicio de los gremios, la situación fiscal no cumple con los requisitos de hecho sobreviniente, gravedad e inminencia que exige la Constitución.
El sector empresarial sostiene que el déficit era previsible y fue advertido en análisis técnicos y debates presupuestales previos, por lo que considera que existen mecanismos ordinarios para corregir el desequilibrio sin recurrir a poderes excepcionales. En ese sentido, advierten que los decretos de emergencia pueden generar efectos jurídicos inmediatos y consolidar situaciones difíciles de revertir, aun si posteriormente son declarados inexequibles.
A estas críticas se sumaron pronunciamientos de líderes gremiales como el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien calificó la eventual declaratoria como inconstitucional y pidió al alto tribunal evaluar incluso la suspensión provisional de sus efectos para evitar perjuicios irreparables a la economía y a los contribuyentes.
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