Antioquia tiene 75 licitaciones con solo un proponente

Resulta extraño el desinterés por tanto dinero, que alcanzaría para comprar en Miami Beach, Estados Unidos, 68 lujosas mansiones de US$3 millones cada una; o, si se prefiere, dicha suma daría para entregar en Colombia cerca de 13.000 viviendas populares gratis.

Con tan pobres niveles de proponentes, un grupo de 10 municipios contrató en 2014 mediante licitaciones públicas $267.867 millones, que permitirían otorgar 17.857 subsidios a destechados, por valor unitario de $15 millones.

La primera localidad de esa lista es Bello, con 52.703 millones de pesos en contratos y 1,70 oferentes en promedio en los procesos.

Le siguen Itagüí, $48.632 millones; Rionegro, $33.565 millones; Apartadó, $26.097 millones; Remedios, $25.928 millones; Santa Fe de Antioquia, $16.926 millones; Necoclí, $14.842 millones; Caucasia, $12.939 millones y el municipio de La Ceja, con $11.674 millones.

La baja concurrencia, o sea la cantidad de interesados en una licitación, y que aquí bien podría catalogarse como “apatía” o “desinterés”, tiene un punto extremo.

En efecto, de esas 115 licitaciones públicas realizadas por municipios antioqueños -y que se supone son muy publicitadas- en 75 apenas se presentó, en promedio, 1 oferente, y los negocios adjudicados así pasaron de $150.325 millones.

Según contratistas locales consultados por este diario, y que pidieron reserva de la fuente, esa anomalía no es ni gratuita ni aislada. Al contrario, lo que deja ver es que prácticas como estas, que concentran en pocas manos los dineros públicos y le restan transparencia a la contratación, son el pan nuestro de cada día en los municipios.

Datos recogidos por la SCI muestran que los municipios antioqueños cerraron en 2014 contratos por más de $1,1 billones. Y miren el panorama que encontró este gremio de la ingeniería:

Un total de $846.868 millones de pesos se sacaron a través de licitaciones públicas y el 78 por ciento de dicha cuantía se adjudicó en procesos en los cuales participaron, en promedio, entre 1 y 3 proponentes.

Otros $195.901 millones se ofrecieron a través del mecanismo de selección abreviada, en el que, máximo, pueden participar 10 interesados. En este caso, 66% del valor fue adjudicado en procesos en los que, en promedio, solo hubo entre 1 y 3 interesados.

Por último, $71.529 millones fueron ofertados a través de concursos de méritos, y 59% de esos dineros públicos fueron adjudicados en procesos a los que, en promedio, solo concurrieron de 1 a 3 oferentes.

Crisis de confianza
Todo eso ocurre en un país, como Colombia, en el que no hay secretos sobre los pecados de la contratación pública. Probado está, con sentencias judiciales incluidas, que operan mafias o carteles que, aliados con servidores estatales, se embolsillan millonarios recursos. En grandes y pequeñas poblaciones se ve “normal” que los amigos de los gobernantes “se lo ganen todo, o casi todo”. Tan abierta es la presunta corrupción, que muchos empresarios no gastan tiempo ni dinero llenando pliegos, porque de antemano conocen a los “bendecidos” con negocios en entidades que no inspiran un mínimo de confianza.

Lo confirma un afiliado de Camacol Antioquia: “muchas invitaciones y licitaciones están dirigidas, son orientadas y se habla de marcas y equipos que solo un proveedor o licitante puede cumplir. Así es imposible y desalentador participar, por cuanto desde el principio se sabe quién se va a ganar el contrato”.

Y hay un agravante: muchos de los ganadores de estos contratos estatales son personas naturales y empresas sin tradición en el sector. Eso aumenta la probabilidad de que las obras no se entreguen o resulten de baja calidad, especialmente si el presupuesto quedó diezmado por el pago de coimas.

Lo peor, como dice José Fernando Villegas Hortal, director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional Antioquia, es que muchas cosas se hacen al amparo de la ley, que vía interpretación permite que se hagan “licitaciones tipo sastre”.

Es de recordar que este gremio, presidido a nivel nacional por Juan Martín Caicedo Ferrer, exalcalde de Bogotá, realizó un estudio en el que mostró que de 5 billones de pesos ejecutados mediante Contratos Plan y convenios del Invías con los municipios, en el 65 por ciento de los contratos se habilitó a un único oferente. El gremio no se conformó con mirar cuántos empresarios se presentaban a cada convocatoria, sino a cuántos se habilitaban, y halló ese indicador que no lo dejó nada tranquilo.

De ahí salen preguntas, con alto grado de suspicacia. ¿Será que contratista y contratante elaboran pliegos para un seguro ganador? ¿Será que se arman “combos” de oferentes, con 4 o 5 miembros, para no despertar sospecha, de los cuales 3 o 4 cometen intencionalmente errores, para dejarle a 1 el camino despejado?

De esos 5 billones de pesos, las gobernaciones manejaron 1,6 billones y en el 46 por ciento de los contratos se tuvo un solo habilitado. Por los municipios pasaron 800.000 millones de pesos y en el 84 por ciento de los procesos hubo un único habilitado. En los Contratos Plan se manejaron 1,4 billones y el porcentaje de un solo habilitado fue del 40 por ciento.
Conocido y evaluado el estudio, el Gobierno Nacional decidió que los dineros girados por la Nación debían adjudicarse a través de un pliego prototipo. El Procurador también le puso la lupa al tema, porque, como se ha anunciado, vienen otros 5 billones de pesos en obra pública y no falta quien piense, con malicia, que servirían para aceitar la maquinaria electoral.

Punto de encuentro
Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO expresaron que lo más interesante de los estudios de la SCI y la CCI, es que podrían ser utilizados por las entidades competentes para investigar presuntos carteles de la contratación de obras públicas. A juicio de un empresario local, “ambos documentos corroboran, apoyados en datos oficiales, cosas que todos intuimos. Lo que esos estudios describen, pasa por toda Colombia”.

Ante la obvia pregunta de ¿qué hacer?, el director Ejecutivo de la CCI en Antioquia destaca la necesidad de ir más allá de las normas. Por ello el gremio creó un Decálogo de buenas prácticas de contratación, orientado a elevar los niveles de transparencia. Para que no fuera letra muerta, le hacen seguimiento a su cumplimiento, mediante un monitoreo anual a las cinco entidades más representativas.

En 2014 evaluaron las secretarías de Infraestructura de Alcaldía y Gobernación, el Área Metropolitana, el Inder, la EDU, el Inficaldas y la contratación en Antioquia del Invías.

La mejor librada fue el Invías y la razón que da la CCI es que cuenta con mejores prácticas en contratación y “adoptó modelos y cosas que, aunque no son de ley, nos dejan más tranquilos”.

¿Por qué no quedó en primer lugar la Gobernación de Antioquia, que tiene el lema de “muchos ojos y pocas manos”?
Por dos razones, explica la CCI. De un lado, porque Invías toma ventaja con su metodología de contratación, en la que los proponentes deben entregar, en un sobre la información técnica, y en otro la información económica. El segundo sobre solo se abre para quienes son habilitados en la primera etapa. A diferencia del Invías, la Gobernación y otras entidades siguen manejando un solo sobre.

Lo segundo, advierte la CCI, es que Alcaldía y Gobernación pierden por “una posición inaceptable”: dentro del llamado AIU (administración, imprevistos y utilidad), no reconocen el segundo ítem.

Sobre ese particular, Clara Luz Mejía Vélez, secretaria General de la Gobernación de Antioquia, explica que desde que Sergio Fajardo era alcalde (2004-2007), se expidió una circular que, en lo sustancial, reza que para pagar los imprevistos, el contratista debe demostrarlos. Ni el Municipio ni el Área Metropolitana ni la Gobernación volvieron a hacer ese reconocimiento en forma automática. En el solo caso de la última entidad, eso ha significado un ahorro de 4.151 millones de pesos. La CCI no se resigna y el tema se encuentra en los tribunales .