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Rodrigo Negrete, director Anla
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La entidad cuenta con un total de 1.747 expedientes sancionatorios activos. Desde agosto de 2022 se han iniciado 146 investigaciones
El director general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, Rodrigo Negrete Montes, reveló que entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de junio de 2023, la entidad ha iniciado 146 nuevas investigaciones sancionatorias por presuntas infracciones ambientales. El funcionario agregó que “en el último año se han impuesto multas que ascienden a los $18.000 millones a empresas que no cumplen las normas y que pueden generar daños ambientales”.
“Cuando se incumplen normas ambientales, la legislación dispone que debemos investigar y si se encuentran responsables debemos sancionar”, afirmó el director de la Anla.
La Anla informó que, con corte a de junio de 2023, la Oficina Asesora Jurídica de la entidad cuenta con un total de 1.747 expedientes sancionatorios activos, que se desprenden de investigaciones por denuncias ambientales verificadas o incumplimientos de las obligaciones establecidas en los instrumentos ambientales. Se destacan sanciones impuestas en los sectores de hidrocarburos, energía e infraestructura. Durante este período, también se resolvieron 22 recursos de reposición contra sanciones impuestas.
En cuanto a las medidas preventivas impuestas en el período del reporte, la entidad tramitó 24 actuaciones que llevaron principalmente a suspender temporalmente la ejecución de algunos proyectos para prevenir impactos negativos en el medio ambiente.
“Estos procesos se relacionan con la ejecución de proyectos de alto impacto en distintos sectores económicos, los cuales son de competencia privativa de la Autoridad”, señaló la Anla a través de un comunicado.
La entidad subrayó que garantiza el debido proceso a los titulares de licencias ambientales cada vez que determina imponer sanciones o medidas preventivas, decisiones para las cuales cuenta con apoyo interdisciplinario de los diferentes equipos técnicos, que hacen seguimiento a los proyectos de su competencia en caso de hallar una presunta infracción ambiental.
El recorte se suma a los $12 billones inicialmente definidos en el Decreto de Aplazamiento, pero, según la cartera, no tiene que ver con la ley de financiamiento
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