Andesco advirtió riesgos en el nuevo marco tarifario de agua por falta de transición

Luego de que se compartiera el nuevo marco tarifario de agua potable y saneamiento básico para cerca de 5.000 prestadores en zonas urbanas y rurales del país, Andesco encendió alertas sobre su implementación.

El gremio advirtió que la propuesta presenta riesgos por la ausencia de un periodo de transición claro, cambios sustanciales frente a lo discutido previamente y posibles efectos en las tarifas que pagan los usuarios.

"Si bien el país requiere una regulación moderna, sólida y orientada a la sostenibilidad, el gremio manifiesta su preocupación por la forma en que se ha adelantado el proceso", afirmaron.

En el análisis presentado, Andesco señala que uno de los principales puntos de preocupación es la diferencia entre la versión del marco regulatorio que fue sometida a participación ciudadana y la que finalmente se remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

Según el gremio, estos cambios estructurales reducen la efectividad del proceso participativo y generan incertidumbre en el sector, ya que el contenido definitivo de la regulación no coincide en aspectos clave con el texto inicialmente socializado.

Por otro lado, dentro de los otros elementos que genera inquietud es el impacto que podría tener la nueva metodología en las tarifas.

Aunque el objetivo del ajuste regulatorio apunta a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio, Andesco advierte que, bajo ciertas condiciones, podrían presentarse incrementos tarifarios para los usuarios finales; esto, en un contexto donde los costos operativos del sector ya vienen presionados por factores como la energía, insumos y mantenimiento de infraestructura.

Por su parte, el gremio también puso sobre la mesa los tiempos de implementación. De acuerdo con su lectura, el marco no establece una transición suficiente que permita a las empresas adaptarse a las nuevas condiciones regulatorias.

"Se advierte sobre la alarmante ausencia de un periodo de transición adecuado. La propuesta prevé su entrada en vigencia el 1 de julio de 2026, pese a que su implementación exige la realización de estudios tarifarios, la estructuración de planes de inversión, la adecuación de sistemas de información, realizar validaciones técnicas y la articulación de actuaciones con autoridades territoriales", aseguró el gremio.

Esto es especialmente relevante para los prestadores más pequeños, muchos de ellos ubicados en zonas rurales, que cuentan con menores capacidades técnicas y financieras para ajustar sus modelos operativos en plazos reducidos.

Ante esto, Andesco insiste en la necesidad de revisar el esquema de entrada en vigencia para evitar afectaciones en la prestación del servicio. La advertencia apunta a que una implementación acelerada, sin ajustes graduales, podría traducirse en dificultades operativas, retrasos en inversiones o incluso en impactos sobre la calidad del servicio.