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Un informe de promedios a partir de datos de la superintendencia de Servicios arroja que la capital, Riohacha, no tiene acueducto ni alcantarillado rural
Durante la semana pasada, el gabinete del presidente, Gustavo Petro, estuvo La Guajira para evaluar el estado del departamento en materia social y económica, sobre todo de cara a una pronta temporada de sequías por el fenómeno de El Niño. De hecho, el jueves el Presidente reiteró que se decretará una emergencia económica para la región.
Una de tantas problemáticas históricas del departamento, que tiene aproximadamente 825.364 habitantes, radica en los servicios públicos. En un promedio de la cobertura por cada servicio público, hecho a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos, que registra la cobertura de los 15 municipios del departamento, se evidencia que en las zonas rurales hay cobertura por debajo de 33% en acueducto y aseo, mientras que en energía ronda 63%.
Los servicios públicos con menor cobertura en las zonas rurales en La Guajira son alcantarillado (21,22%), aseo (27,83%) y acueducto (33,74%). En cuanto a energía eléctrica, el promedio de los 15 municipios alcanza 63%. Para gas natural la Superservicios no reportó información de zona rural. Cuando se revisan las zonas urbanas se evidencia la tradicional brecha, porque, por ejemplo, aseo alcanza 86% de cobertura y alcantarillado llega a 85,58%, energía registra 92,8% y gas natural llega a 82,47%.
Si se desagrega por municipios, incluso en la capital, Riohacha, la cobertura en acueducto y alcantarillado rural es de 0%, lo que también ocurre en Urumita, San Juan del Cesar y Fonseca.
En cuanto a energía, el servicio tiene cobertura de 100% en la zona urbana de la capital, pero llega apenas a 60% en la zona rural. Y pese a que ocho de los 15 municipios tienen toda la cobertura en la zona urbana, en este servicio hay municipios que en la zona rural no tienen cobertura, por ejemplo, El Molino, Maicao, Manaure y Uribia.
“De nada servirá dicho plan operativo, así como de poco ha servido la preexistencia de los principios si los actores no se comprometen a dar continuidad y cumplir”.
Y aunque las cifras de cobertura dan idea de lo que sucede en el departamento (ver gráfico) la calidad y seguridad de los servicios son otro asunto. “El principal problema en La Guajira recae en los servicios de agua potable y energía eléctrica, ya que para proveer de los mismos a regiones apartadas de las fuentes de generación o recolección de este tipo de recursos se requiere de grandes inversiones en infraestructura”, explica Carolina Vargas, asociada de la firma de abogados Mendoza y experta en proyectos de generación de energía renovable.
Un componente que se ataca con la firma del pacto por la transición energética justa es la energía, pero “de nada servirá dicho plan operativo, así como de poco ha servido en La Guajira la preexistencia de los principio incorporados en el pacto, si los actores que hacen parte de los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental no se comprometen a dar continuidad y cumplimiento a los acuerdos logrados y a unirse por el propósito común de brindar seguridad a la mayor cantidad posible de los colombianos en el suministro de los servicios públicos”, dice Vargas. Y aunque en materia energética hay acciones, por el momento no se han dictado para aseo, alcantarillado y acueducto.
El pacto suscrito el pasado 28 de junio es una recopilación de los principios que históricamente se han perseguido por parte de las empresas privadas, el Estado y las comunidades étnicas constitucionalmente reconocidas, para dar legitimidad a los procesos de consulta previa adelantados en diferentes zonas del país para llevar a cabo los proyectos de infraestructura de servicios públicos, de los cuales se ven beneficiado todo el territorio colombiano. Se espera que se expida el plan operativo para los lineamientos de garantías de derechos sociales.
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