Colombia cuenta con un nuevo mercado de US$19.000 millones de bonos de infraestructura para evitar el tipo de corrupción que llevó al enjuiciamiento del ex alcalde de Bogotá en 2001, Samuel Moreno, en relación con US$108 millones en presuntos sobornos.
El Gobierno modificará la forma en que se adjudican los contratos a los efectos de poner fin a los pagos adelantados que se han usado como sobornos y desalientan a las constructoras de confiar en el financiamiento de deuda, dijo Luis Fernando Andrade, que dirige el organismo de infraestructura de Colombia, en una entrevista del 1° de abril.
Los pagarés de infraestructura vinculados a la inflación atraerían fondos de pensión que administran US$67.000 millones de activos con rendimientos de alrededor de 2 puntos porcentuales por encima de los bonos gubernamentales, que en este momento pagan 2,05% de interés, según Andrade. Bonos empresariales similares rinden un promedio de 3,4%.
Los funcionarios planean ofrecer 30 autopistas valuadas en unos $44 billones (US$24.000 millones) en el transcurso del próximo año para aliviar los cuellos de botella de transporte y reanimar una economía que se expande al ritmo más lento de la región andina. El nuevo mercado, que incrementaría la cantidad de bonos empresariales en circulación más de 50%, estará modelado sobre la base de los de Perú y Chile, donde los pagarés de inflación a 12 años del operador de peajes Soc. Concesionaria Costanera Norte SA rinde 4,04%.
“Diseñamos estos bonos para que resulten atractivos a los fondos de pensión, donde hay una gran capacidad de financiamiento en pesos a largo plazo”, dijo Andrade en entrevista telefónica desde su oficina en Bogotá. “Si les resultan atractivos, también será atractivo para otros inversores, tanto de Colombia como del exterior”.
Colombia está terminando la estructura de los bonos, que tendrán vencimientos de hasta 15 años y contarán con respaldo de pagos vinculados a contratos gubernamentales, dijo Andrade. Estima que los primeros valores se venderán en 2016, una vez que las compañías elegidas para los proyectos finalicen la primera etapa de construcción y reciban un pago parcial. Las compañías financiarán la primera etapa con préstamos bancarios, dijo Andrade. Como las empresas no recibirán pagos anticipados, hay menos probabilidades de que cuenten con fondos para destinar a sobornos políticos, agregó.
Samuel Moreno, que en ese momento era alcalde de Bogotá, fue destituido en mayo de 2011 y se lo acusó de aceptar sobornos en contratos para la expansión del sistema de tránsito de autobuses Transmilenio de Bogotá. Los fiscales colombianos dicen que es responsable de recargos de $197.000 millones en obras públicas en la capital del país. Moreno, que se encuentra en prisión a la espera del juicio, ha negado todo tipo de malversación.
Los fondos de pensión tienen la capacidad de comprar $25 billones de los bonos de infraestructura, dijo Santiago Monetenegro, que dirige la Asociación de Fondos de Pensión, conocida como Asofondos, en una entrevista que publicó el 3 de abril el diario La República de Bogotá.
