Al caso Reficar se le suma una nueva demanda internacional de una empresa estadounidense

A los líos que en los últimos años ha enfrentado la puesta en marcha de la Refinería de Cartagena (Reficar), en la que se han investigado entidades y exdirectivos, se suma un nuevo capítulo. Esta vez, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se trata de un nuevo pleito legal entre el Joint Venture Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants Inc y el estado colombiano, en el que se alegan los presuntos daños económicos y reputacionales que se causaron a la empresa por las investigaciones que se han adelantado en el caso.

La demanda, que en este momento está en proceso ante el organismo internacional, sería el resultado de un poco más de dos años de comunicaciones fallidas y de una historia que data desde 2009, cuando Reficar celebró un contrato con la compañía para proporcionar servicios de gestión en la rehabilitación de la planta.

Según pudo establecer LR, fue para dicho año que la filial de Ecopetrol, que le aporta 161.000 barriles por día a la empresa, de acuerdo con su último resultado financiero, firmó un contrato que incluía ciertas garantías y unos derechos específicos. No obstante, de acuerdo con la empresa, en 2010 “Reficar dirigió un cambio material en el alcance del trabajo de Fpjvc (siglas de la compañía)”, y modificó el alcance de los trabajos acordados “sin objeción” o algún tipo de convenio.

Si bien dicha relación se mantuvo hasta 2016, un año más tarde la Contraloría General de la República inició procedimientos administrativos contra varias entidades y personas, (entre ellas Fpjvc) por la supuesta malversación de recursos en el proyecto. En esas conclusiones, emitió varios cargos a la empresa, pese a que, según dicen, fueron acusaciones infundadas.

Aunque a lo largo de estos años el Joint Venture Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants Inc intentó resolver este asunto con el Gobierno, pues hay reportes de comunicaciones del 26 de diciembre de 2018 y el 8 de mayo de 2019, estos acuerdos jamás llegaron a feliz término. Fue así que, tras un año de no alcanzar ninguna negociación, el pasado 31 de diciembre la empresa estadounidense decidió iniciar el proceso de demanda a la Nación ante el Ciadi.

“Estamos revisando los documentos. Aún no se puede mencionar nada”, explicó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El funcionario detalló que la intención de demanda se notificó desde hace un año, de hecho, confirmó que se tuvieron algunas reuniones con ellos, pero que aún no se tiene la información completa sobre el proceso.

Aunque no aclaró qué pasará ahora, sí advirtió que aún se debe surtir todo el trámite y el proceso. Por ahora se prevé que el estado colombiano estudie la demanda que se adelanta ante el organismo internacional.

Es de resaltar que actualmente Joint Venture Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants Inc le está solicitando al Gobierno colombiano que se reparen los daños causados, que se otorguen los costos y honorarios de abogados, y que se aclare que el Estado y la Contraloría incumplieron los términos del Acuerdo de Promoción Comercio entre Estados Unidos y Colombia, un consenso que permitió que en 2009 se lograra la firma del contrato anteriormente mencionado.