Por primera vez magistrados de la Corte Constitucional y el procurador Fernando Carrillo (1963) se reunieron con los líderes de cuatro pueblos indígenas (Koguis, Arhuacos, Wiwas y Kankuamos) en la capital de la Sierra Nevada, Nabusímake. La oportunidad, que el jefe del Ministerio Público declaró como histórica, se dio para hacer un pacto para proteger las tierras sagradas y 36 ríos que nacen en la zona.
