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ARCHIVO Robledo pidió a Corte Constitucional revisar caso de Cámara de Barranquilla
lunes, 20 de mayo de 2013
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Tatiana Arango M. - tarango@larepublica.com.co

Como una ‘novela de terror’ catalogó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, al caso de la afiliación de presuntas empresas fantasmas para sumar votos en las pasadas elecciones de junta directiva de la Cámara Comercio de Barranquilla. Por tal razón, la SIC, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y el defensor del pueblo han pedido a la Corte Constitucional que seleccione las tutelas que tengan que ver con este tema para que haya un pronunciamiento en el caso.

De acuerdo con Robledo, “unas personas crearon en tan solo dos a tres meses 1.500 compañías S.A.S, controladas por 72 personas. Es decir, cada persona tendría mas o menos 20 empresas. Sin embargo, hay empresarios que crearon 46 o menos. Cuando se mira qué tipo de compañías son, se observa que un mismo empresario creó un cardiocenter, un periódico, un estudio de fotografía y otras más. Al final, nos damos cuenta que hay 260 empresas que funcionan en un solo sito y tienen el mismo número telefónico”.

El superintendente agregó que esa es una conducta sospechosa, porque además de la creación de este gran número de firmas, las afiliaron a la Cámara de Comercio de Barranquilla para poder votar en las elecciones de junta directiva y así hiperinflar el censo electoral.

Dentro de los investigados en este caso, Robledo señaló el electo presidente de la junta directiva de la cámara, Samuel Tcherassi, quien tenía cuatro compañías antes del 31 de diciembre de 2012 y al 31 de marzo, fecha límite para afiliar firmas para participar en las elecciones, pasó a 50. Lo que significa que creó 46 empresas en dos o tres meses.

Tras encontrar esta situación irregular, la Superintendencia, cuya cabeza era en ese entonces José Miguel de la Calle, anuló las elecciones, ordenó depurar el censo electoral y una repetición de los comicios.

El 20 de diciembre de 2012, las elecciones iban a realizarse nuevamente, pero, según Robledo, tres o cuatro días antes, “el juez 22 municipal de Barranquilla, al que le llegó la tutela por fraude o manipulación en el sistema de reparto como lo confirmó el Consejo Superior de la Judicatura, sus pendió los actos administrativos de la SIC y prohibió las elecciones. Sin embargo, esa tutela posteriormente fue revocada”.

Después se fijó fecha para el 18 de abril y otra vez se puso una tutela, presentada dos días antes de las elecciones, y que fue retirada el día posterior. La tutela fue nuevamente presentada y le correspondió a un juez que no era el municipal, quien ordenó suspender las elecciones y después retiró su decisión porque no era competente para ese caso.

Posteriormente, el expediente fue remitido al juez 35 civil del circuito, que ordenó dejar sin efecto los actos administrativos de la SIC y restituir a la junta que se eligió el 5 de julio con los votos de esas 1.500 empresas.

Lo más escalofriante, según Robledo, “es que generalmente, hay una abstención del 50% en las elecciones de junta directiva, como sucede en la política. En Barranquilla, quienes no pertenecían a esas 1.500 compañías, no votaron en 50%, pero quienes sí hacían parte de ellas no tuvieron abstención”.

De acuerdo con el superintendente, “estamos viviendo una inmensa tarea de la SIC para hacer esas elecciones en Barranquilla y unos jueces de tutela vienen ordenando la suspensión de los procesos electorales para tener una nueva junta”. Robledo espera que esta tutela llegue al tribunal de Bogotá y sea revocada. Por último, el dirigente destacó que detrás de este caso está el interés de un protagonismo en Barranquilla para patrocinar campañas políticas a Alcaldía y Gobernación.

Acciones penales contra los empresarios
Según declaraciones del superintendente de Industria y Comercio, la Fiscalía General de la Nación esta investigando los posibles delitos en la creación de esas 1.500 compañías S.A.S y las decisiones que han retrasado este caso como las adoptadas por el juez 22. Además, el dirigente señaló que la entidad está buscando quiénes están detrás de esta situación y cuáles son sus intereses en ella. La razón para pensar que se podría estar tras el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe es el alto valor del proyecto, que asciende a $220.000 millones.