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Por décadas se ha concebido el campo colombiano como sinónimo de pobreza extrema, de miseria, violencia y de retraso social y económico.
Las cifras lo sustentan. Hoy el sector rural ostenta en la radiografía económica del país un alarmante índice de pobreza del 46% (8 millones de pobres en las zonas rurales y 3,2 millones más en la indigencia) y una informalidad de la tierra superior al 30%. Darle un nuevo rostro a a las familias campesinas, pequeños y medianos productores que derivan su sustento de las actividades agrícolas y pecuarias, se convierte en la tarea de grandes proporciones de toda una sociedad que tiene a cuestas una histórica deuda con el campesinado nacional.
El diseño, formulación y puesta en marcha de una Política Agraria de Estado, debe trascender las buenas intenciones del gobierno de turno para darle paso a una propuesta de largo aliento que cobije las necesidades de un sector para el que es apremiante migrar hacia una visión empresarial rural. Lo cierto es que la apertura de nuevos mercados, disponibilidad de tierras y cambio climático ha puesto a los jugadores del sector agropecuario en un nuevo contexto competitivo que obliga a tener una visión a mediano y largo plazo y que incluye, la adopción masiva de tecnología, infraestructura de riegos y procesos innovadores.
La asistencia técnica, provisión de bienes públicos, inmersión tecnológica, educación y capacitaciones toman relevancia en este contexto si se trata de generar condiciones para quienes lo tienen más que merecido. El empresarismo no debe reducirse a grandes capitales, a lo campesinos también les corresponde.
