¿Y quién financia la cultura?

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Hay discusiones que, de tanto repetirse, deberían empezar a avergonzarnos. En Colombia llevamos al menos cuatro décadas preguntándonos si la cultura debe ser financiada por el Estado o por el capital privado, como si entre ambos solo pudiera existir una relación de sustitución. Seguimos mirando problemas nuevos con las mismas categorías con las que aprendimos a nombrarlos: jaulas en un mundo de categorías binarias. Chéjov pone esa jaula sobre un escenario. En «La gaviota», Treplev quiere romper las formas conocidas del gran espectáculo y encontrar un teatro nuevo, íntimo y simbólico, mientras su madre, Arkadina, pertenece y defiende el mundo del reconocimiento, vive del aplauso, del dinero y de la crítica que la adora. Se necesitan, se hieren y se niegan. Entre los dos queda suspendida una gaviota, como quedan suspendidas tantas cosas cuando una disputa de opuestos se convierte en destino. Algo de esa escena se repite cuando confrontamos las industrias culturales y la economía popular cultural. Pretender que una forma del arte y la cultura deba desaparecer para que la otra exista es prolongar la misma tragedia con otro vestuario. El desafío es comprender la fuerza del cuerpo social que ha creado ambas y construir las reglas de su convivencia, para que la inversión tenga responsabilidad, la política pública alcance y la creación conserve espacio para respirar.

El Estado debe garantizar derechos culturales, reducir desigualdades territoriales y proteger aquello cuyo valor social difícilmente puede medirse en rentabilidad. El sector privado y las industrias culturales pueden generar valor, convertir los incentivos tributarios en oportunidades de desarrollo e internacionalizar la cultura y el pensamiento latinoamericano. Entre ambos debe existir una arquitectura de reglas que impida que la rentabilidad se apropie de todo el valor cultural y, al mismo tiempo, construya condiciones dignas y sostenibles para quienes viven del arte. Insistir en una mirada estrecha sería devolver a Treplev al escenario que intentaba transformar.

Después de décadas de discusión y construcción institucional, y pese a los retos simbólicos y políticos, la cultura merece una mirada a la altura de su complejidad. Una mirada desde la noción de ecosistema cultural de financiación integral, incorporando las economías populares y comunitarias junto con las industrias culturales y creativas. Entre 2022 y 2025 se respetaron y ampliaron los cupos fiscales para mecanismos de deducción tributaria dirigidos al capital privado; se aprobó para CoCrea un cupo fiscal de $1,4 billones, 60% más que durante el gobierno anterior. Esto permitió movilizar más de $1,22 billones en inversión privada, más de diez veces la cifra alcanzada en el cuatrienio anterior. Durante los últimos tres años, los criterios de distribución territorial y los topes máximos por proyecto permitieron llevar recursos de capital privado a 21 departamentos. Sin embargo, Antioquia y Bogotá concentran cerca de 63% de la inversión nacional: la escena sigue teniendo sus palcos y sus zonas en penumbra. Por eso, el presupuesto público debe completar los mecanismos de inversión privada y priorizar la economía popular cultural. Desde el 2023, los Ministerios de Culturas, Turismo y Fontur construyeron el programa País Raíz -rutas de turismo biocultural-, reuniendo más de 150 experiencias de economía popular, revitalizando las economías familiares del Alto Magdalena, La Guajira, Guaviare, San Andrés y Santa Marta, convirtiendo cocinas tradicionales, artes, oficios, memoria oral, saberes sobre la naturaleza y formas de vida en oportunidades económicas locales con potencial internacional.

Esta política de inversión integral -Blended Finance- puede sostener las distintas formas en que el cuerpo social ha configurado el escenario laboral en torno al arte y la cultura: desde las industrias creativas hasta la cultura local y popular. El enfoque resulta pertinente porque, pese a las brechas de financiación y a los problemas aún latentes de sostenibilidad cultural, la última medición de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa (CSECC) registró los mejores resultados económicos de la historia del país. Entre 2023 y 2025, este sector representó, en promedio, 2,89% del valor agregado bruto nacional. En 2025, su valor agregado bruto a precios corrientes, incluidos los micronegocios, alcanzó los $47,892 billones. Según las series encadenadas de volumen, el sector creció 2,6% frente a 2024, año en el que ya había registrado un crecimiento de 1,5% respecto de 2023. Para mantener estos resultados se debe respetar la asignación del presupuesto público al sector cultural. Preocupa que para el 2027 el gobierno nacional haya presentado ante el Congreso un presupuesto más alto respecto a 2026, pero que contemple una reducción cercana a 30% para el sector cultural. Desfinanciar la cultura, cuyo desarrollo requiere acompañamiento estatal, continuidad y presencia territorial, debería, como las conversaciones que se repiten, avergonzarnos.

Si se ha comprobado que la inversión integral mejora la sostenibilidad del sector cultural y genera un efecto multiplicador en la economía nacional, también deberíamos superar ciertas justificaciones de valor y ayudar a madurar las disputas simbólicas que lo atraviesan. De lo contrario, seguiremos representando, con admirable disciplina, los mismos personajes del drama cultural universal. Treplev termina pagando con su propia vida la imposibilidad de encontrar un lugar entre el arte que imagina y un mundo que no consigue reconocerlo, y una política cultural no puede condenar a sus creadores a habitar esa grieta; debe construir puentes entre Estado, mercado, comunidades y territorios, para que la creación conserve su libertad, la inversión asuma su responsabilidad y el valor cultural encuentre más de una forma de existir.