Analistas

Macro para la paz

Con alta probabilidad, el 2 de octubre iniciaremos una fase de posconflicto, tan esperanzadora como retadora. Los acuerdos presentan una hoja de ruta sobre los pasos a seguir; no obstante, la incertidumbre recae sobre los detalles de su implementación. Los distintos acuerdos plantean metas ambiciosas cuyo cumplimiento está sujeto a diversas interpretaciones en términos de su costo  y el tiempo que tomará alcanzarlas. 

Puntos como la reforma rural podrían conllevar un costo elevado. El gobierno se compromete a incrementar su presencia en las áreas rurales y darle a los campesinos acceso a la salud y la educación, tierra, vivienda, apoyo técnico a sus emprendimientos, distritos de riego e infraestructura vial. Todas cosas que el campo necesita. A favor, en muchos aspectos el gobierno no empieza de cero.

El acuerdo propone modificar normas constitucionales como el Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, con el fin de garantizar recursos para los nuevos objetivos de gasto público. Se deberá poner especial celo para preservar el equilibrio entre las regiones, y la contribución al balance fiscal del sector público consolidado que estas normas contenían. 

El concepto de restricción presupuestal, si bien es odioso, resulta fundamental para garantizar una economía sostenible en el largo plazo. Lo acordado solo puede financiarse con impuestos y deuda pública. El marco de sostenibilidad fiscal construido a lo largo de los últimos años representa un inmenso progreso, que ha dado credibilidad al hecho que la economía colombiana cuenta con una macro solida. Hay un límite tanto a la carga tributaria que pueden soportar las empresas y hogares colombianos, como la deuda – que no es otra cosa que impuestos futuros-, que el gobierno puede asumir, sin poner en riesgo la sostenibilidad de largo plazo. 

Preservar el grado de inversión puede parecer un logro menor ante la grandeza de la meta de tener un país en paz. Sin embargo esa calificación es la que le permite al gobierno financiar la paz a un costo bajo. Perderlo implicaría que valiosos recursos, que podrían destinarse al campo y a la paz, deban ser asignados a mayores pagos de intereses. 

El mejor acompañamiento de la paz son unas instituciones económicas solidas y creíbles. La economía prospera dentro de un entorno predecible. Aquí se incluye la solidez técnica del Ministerio de Hacienda, un sistema sostenible de transferencias a las regiones, y más recientemente, la Regla Fiscal y el criterio constitucional de sostenibilidad fiscal. 

Algunos analistas consideran a la regla fiscal un obstáculo para desarrollar el acuerdo de paz. Sin embargo, es todo lo contrario. La regla le da certidumbre a los contribuyentes y a los prestamistas, que serán en último término quienes proveerán los recursos para la paz. 

El propósito de las reglas es dar certidumbre ante eventos extraordinarios. Colombia se diferencia de países que reescriben sus reglas fiscales, y ningún momento más apropiado para ratificar las estabilidad de nuestras reglas de buen comportamiento, que al implementar los acuerdos de paz.

El reto del posconflicto es enorme, pero es más fácil hacer la tarea con la ayuda de los mercados financieros locales e internacionales, un sector privado fuerte, un nivel de precios y tasa de cambio estables y tasas de interés bajas.  La macro estará a favor de la paz. No creemos un falso dilema entre una paz posible y una macro estable.