Analistas

El problema fiscal del futuro

Para todos es claro que la situación fiscal en Colombia es complicada. La estrepitosa caída del precio del petróleo supone un reto mayúsculo para el Gobierno, que se ve en la tarea de reponer, por lo menos, parte de estos recursos mediante impuestos. Adicionalmente, el cumplimiento de la regla fiscal implica ajustes importantes tanto en ingresos como gastos en los próximos años para reducir el déficit fiscal y la deuda pública en línea con las metas trazadas. Todas estas cifras son bien conocidas, y justifican el esfuerzo que deberá hacer el Gobierno para presentar una reforma tributaria ambiciosa. 

Ahora bien, existen otras cifras, menos conocidas, que revelan dificultades fiscales hacia adelante. Se trata de las vigencias futuras. Esta figura permite que el Gobierno comprometa recursos de presupuestos futuros, como su nombre lo indica, lo cual es indispensable en muchas ocasiones para viabilizar proyectos de inversión de gran envergadura. Las vigencias futuras, por ejemplo, le permiten al Estado contratar proyectos cuya duración se extiende más allá de la duración del Gobierno. Esta herramienta, de hecho, ha sido clave para la contratación de las obras de infraestructura de transporte 4G en las que las contribuciones del Gobierno se dan como pagos de disponibilidad en el futuro contra ciertos hitos alcanzados por los inversionistas privados. En ausencia de las vigencias futuras difícilmente se habría podido concretar las asociaciones público-privadas (APPs) para estas inversiones en infraestructura. 

Sin embargo, la acumulación de vigencias futuras se asemeja a la acumulación de deuda; una deuda no explícita que por lo tanto no se incluye dentro de las cifras de deuda pública. No obstante, y a pesar de que no se pagan intereses sobre este monto, son equivalentes a la deuda en la medida en que corresponden a un compromiso de pago de parte del Gobierno. En su momento, estos compromisos se deben pagar bien sea con impuestos, o mediante la emisión de deuda pública. 

Las vigencias futuras aprobadas han crecido de manera importante a lo largo de los últimos años, pasando de cerca de $26 billones en 2010 a $89,7 billones en 2015. Esto son cerca de 11% del PIB; aproximadamente una cuarta parte de la deuda pública vigente. De sumarse esta cifra a la deuda pública, la llevarían a cerca de 53% del PIB. Las vigencias futuras que corresponden exclusivamente a la participación del Gobierno en las distintas APPs representan más de $62 billones. Esto implica grandes compromisos de gasto en el futuro, que dificultan los ajustes fiscales que se necesiten hacer en los próximos años. 

Por lo tanto, la sostenibilidad fiscal implica generar los recursos en el futuro que permitan cubrir esa deuda, a la vez que se cumple con la regla fiscal. No es suficiente con cumplir la meta de déficit del año que sigue. Se necesita generar los ingresos de manera sistemática para financiar el nivel de gasto con el que el Gobierno se ha comprometido. Esto le da aún más relevancia a la reforma tributaria que se presentará este año, ya que esta deberá generar los recursos para financiar no sólo las crecientes demandas de inversión pública además del funcionamiento del aparato estatal, sino los compromisos de inversión ya adquiridos. Esto sin incluir el potencial gasto adicional en el que se deba incurrir en el contexto del posconflicto. La otra opción es recortar el gasto, pero esta parece cada vez más difícil.