Una venganza con efectos empresariales

La bronca de Gustavo Petro hacia el empresariado nacional tiene una dosis de venganza y maldad concretas: antes de la segunda vuelta presidencial de 2018, el Consejo Gremial Nacional, CGN, decidió respaldar el programa de Iván Duque por considerar que era el indicado para recuperar el crecimiento económico, fortalecer el empleo y luchar contra la corrupción. Petro fue derrotado.

La venganza vino en 2022 desde el mismo discurso de posesión (7 de agosto) mostró su aversión al no hacer referencia alguna al sector empresarial y dos meses después asistió al congreso de la Andi en Cartagena, el más importante del país, llegó tres horas tarde y la displicencia fue total con la complicidad del ministro Ocampo, quien dijo que la reforma tributaria iba porque sí. Días después Petro anunció que no le interesaba asistir a futuras reuniones, por lo cual dejó de ser invitado, que luego el fugaz pastor Saade usó para manosear a los ministros.

Esa venganza de Petro fue calculada. Uno de sus asesores (J. Fernández) descalificó la vocería gremial de Bruce Mac Master, pero no contaba con que los afiliados lo apoyarían al igual que el expresidente Juan M. Santos. Aunque el gobierno le bajó el tono, la hostilidad siguió, al igual que contra Jaime A. Cabal, de Fenalco, al que acusó de apoyar contrabandistas.

Otros dirigentes gremiales no corrieron con la misma suerte como Miguel Gómez en Fasecolda, quién fue vetado por el ministro de Transporte como condición para negociar la reforma al Soat y la junta del gremio se plegó y le pidió la renuncia. Lo mismo pasó con la hoy concejal Sandra Forero, en Camacol, por pertenecer al Centro Democrático. El presidente de la ACP, Francisco ‘Kico’ Lloreda, no aceptó desplantes de la MinMinas, Irene Vélez, y se fue. El presidente de Confecámaras sufrió la hostilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá y aguantó lo que más pudo y el presidente de Asobancaria estuvo a punto de irse por llevar un candidato opositor a su asamblea y se salvó por la intervención de una presidenta de grupo financiero. En la CCI, Analdex y la SAC se dieron también episodios desobligantes. La historia sigue, pero el espacio aquí es limitado. (En el libro “2022-2026: el desastre anunciado del último Aureliano” se amplía el relato).

Hoy, las relaciones de los voceros privados con el Gobierno son malas. La interlocución de la Andi y Fenalco con el MinCIT es mínima, Hacienda no convoca y, solo los bancos trabajan con el Superregulador. Los gremios trabajan más con el gobierno y autoridades de Estados Unidos y el Congreso, antes que con los locales. Y, a decir verdad, la coyuntura lo amerita así. El acoso de la Dian y la SIC son pan diario.

Pero el daño en el tejido empresarial es lo peor. Un informe de Chapman Wilches publicado en Semana señala: “En pandemia, en 2020, se liquidaron en el país 195.042 compañías, mientras se vivía una catástrofe sanitaria. En 2023 se liquidaron 233.404, es decir, un aumento importante frente a la época de pandemia. En ese momento, esa era la peor cifra de cancelaciones. Nunca en la historia de Colombia se había cancelado ese número de empresas. Pero la cifra de ahora es mucho peor y la crisis se ha agravado: en 2024 se cerraron 286.719 empresas. Eso representa frente a la pandemia un crecimiento de 46% de empresas canceladas y de 22% en 2023, un año plenamente del Gobierno Petro... El gobierno Petro ha sido el liquidador de la economía popular”. No hay datos de 2025. Sin comentarios sobre la destrucción del tejido empresarial en este gobierno que termina en menos de 280 días. Mucho daño.