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La política energética de este Gobierno ha sido un desastre. Su idea de transición energética, un riesgo para la economía y la seguridad del país. Colombia tiene agua, sol, viento, gas y carbón. Todo para ser potencia energética. Pero se ha convertido en un ejemplo de cómo la ideología puede sabotear la técnica.
Avanzar hacia energías limpias es necesario, pero no a costa del desarrollo. El sistema debe ser sostenible, confiable y competitivo. La transición no puede basarse en fanatismos ambientales que paralizan proyectos, espantan inversión y encarecen la energía.
El país enfrenta un déficit inminente de energía en firme a partir de 2027. La oferta crece más lento que la demanda. En La Guajira, donde está 80% del potencial eólico, más de 3,3 GW siguen detenidos por licencias, consultas previas y demoras absurdas. 70% del tiempo de desarrollo se pierde en trámites ajenos a los proyectos.
Mientras tanto, el gas escasea. Uchuva-2, el mayor hallazgo en años, fue suspendido por falta de consulta previa. El gasoducto Orca-Chuchupa está detenido. El país proyecta un déficit de 151 Gbtud en 2026 y 401 Gbtud en 2029, lo que nos hará depender del gas importado, mucho más costoso. Ya se sienten los efectos: Vanti, EPM y Efigas aumentaron tarifas hasta 36%.
A ello se suman decisiones normativas erráticas. En la COP16, el Ministerio de Ambiente otorgó autoridad ambiental a comunidades indígenas en territorios donde tengan incidencia. Y la Resolución 0221 de 2025, en Santander, prohibe minería y actividad de hidrocarburos en 11 municipios con alto potencial energético. Esto bloquea el desarrollo justo en zonas críticas para la transición.
El país no debe elegir entre transición y soberanía. Necesitamos ambas.
Renunciar al gas y al petróleo no solo destruye empleo: entrega nuestra seguridad energética a mercados externos. El fracking, satanizado sin sustento, podría multiplicar por cuatro las reservas de gas y elevar la producción de crudo de 770.000 barriles día a 1,3 millones. Ecopetrol lo probó en el exterior: su activo Permian en EE.UU. aportó 94.000 barriles diarios en 2024, un aumento de 27%.
Existen ocho cuencas geológicas con potencial no convencional, que podrían sumar hasta 115.400 gigapies cúbicos de gas y hasta 11.800 millones de barriles de petróleo. Pero los proyectos -Kalé, Platero, Sirius-2- están suspendidos por decisiones políticas.
La transición energética requiere evidencia, técnica y articulación público-privada. No decretos exprés ni discursos. Si no corregimos el rumbo, la factura de la improvisación no solo se verá en las tarifas: se sentirá en el crecimiento, el empleo y la soberanía del país.
La buena fe es un principio indispensable. Pero la infraestructura pública exige algo más: verificación técnica inteligente, cruces automáticos entre certificaciones y estados financieros
Una apertura vigilada por Estados Unidos significa, para los mercados, contratos más ejecutables, arbitraje internacional, licencias más previsibles y menor incertidumbre para repatriar capital
Los flujos de capital se han dirigido hacia economías con diferenciales de tasas atractivos, reforzados en el caso colombiano por la reciente emisión de deuda en dólares cercana a US$11.000 millones
