Solidaridad y justicia

Solidaridad con la familia de Miguel Uribe Turbay. Solidaridad con Álvaro Uribe Vélez y su familia. Y solidaridad con Colombia entera, porque lo que está en juego no es solo la suerte de liderazgos inspiradores, sino la confianza en nuestras instituciones.

En Colombia se está librando un proceso judicial que, más que un debate de pruebas y derecho, parece un pulso político para neutralizar a un líder. El expresidente Álvaro Uribe enfrenta una condena en primera instancia, sustentada en testimonios cambiantes, grabaciones obtenidas en condiciones cuestionables y filtraciones a la prensa que contaminan el proceso. El problema no es solo jurídico. Es institucional. Cuando la justicia se percibe como un instrumento de venganza, la confianza ciudadana se erosiona. Un país que pierde fe en sus jueces pierde también parte de su democracia.

Álvaro Uribe, fue el artífice de la seguridad democrática, la estrategia que permitió recuperar el control territorial, reducir la violencia y abrir un espacio para que el país volviera a pensar en desarrollo. En tiempos donde la guerrilla y el crimen organizado tenían sitiado medio territorio, su gobierno marcó un punto de quiebre. Hoy, esa figura que cambió el rumbo de la historia reciente es llevada a los estrados en un proceso que muchos consideran sesgado. No se trata de pedir impunidad. Se trata de exigir que todo juicio se adelante con pruebas sólidas, respeto al debido proceso y sin presiones políticas.

Resulta paradójico que en un país donde crímenes atroces quedan en la impunidad -como esperamos no suceda con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, una esperanza política para Colombia-, la institucionalidad se active con toda su fuerza contra quien representó la defensa del Estado y la confianza inversionista que generó bienestar y crecimiento.

No hay democracia que sobreviva si se permiten juicios selectivos. El derecho no puede ser arma de revancha. Si las pruebas no resisten un análisis serio, el fallo debe absolver, así sea impopular para algunos. De lo contrario, se envía un mensaje peligroso: que en Colombia no todos somos iguales ante la ley.

El liderazgo no se puede suprimir por decreto ni por sentencia injusta. Los liderazgos auténticos surgen de la confianza ciudadana y de la capacidad para enfrentar las crisis con determinación. Así fue con Álvaro Uribe, guste o no. Este caso no es solo sobre un expresidente. Es sobre la vigencia de las garantías judiciales. Sobre si un país está dispuesto a permitir que las luchas políticas se diriman en los tribunales en vez de en las urnas. Sobre si la institucionalidad está para proteger derechos o para castigar disidentes.

Detener a un líder por razones políticas es una señal de debilidad, no de fortaleza. La historia enseña que las sociedades que caen en ese camino pagan un alto precio. Uribe Vélez no solo fue presidente. Fue símbolo de un momento en que Colombia decidió no rendirse.

Los liderazgos no se detienen a la fuerza. Y cuando se intenta, lo que se frena no es solo una persona, sino la confianza en las instituciones que deberían estar al servicio de todos.