Nuevo aire para la construcción

El gobierno del presidente Santos ajustó dos años con resultados favorables en el desempeño de la economía, la disminución del desempleo y en otros frentes. No obstante, estos contrastan con el deterioro de la seguridad y la falta de coherencia en las decisiones; de allí, la baja en la favorabilidad  de los gobernados.

Además, en materia de instrumentos económicos, las llamadas locomotoras no están dando los resultados esperados. Salvo la minería, que se desarrolla a pesar de la disputa con la conservación del medio ambiente y la demora en la expedición de las licencias ambientales, las demás locomotoras, no han arrancado, o van a media marcha.

La construcción de infraestructura, tuvo en estos primeros años muy baja ejecución. La decisión del Ministerio de Transporte, tendiente a no iniciar obras sin tener los diseños definitivos, se vio opacada por el desgaste oficial de peleas absurdas como anular los anticipos en contratos de obra pública y a que, programas viales de trascendencia nacional estuvieron paralizados, por falta de licencias y coordinación institucional.

Aunque la construcción de vivienda ha tenido un desempeño relativamente positivo, está bastante lejos de la meta trazada. Incluso, las licencias de construcción y las ventas de los proyectos, han caído en el primer semestre, especialmente en la ciudad de Bogotá.

La construcción, encuentra para los siguientes dos años un nuevo aire. En los últimos tres meses, se expidió el decreto que regula y simplifica los trámites de los macroproyectos, se reactivó el subsidio a la tasa de interés para la vivienda social, se reinició trámite a la ley de segunda vivienda, y se garantizaron $1,4 billones  que beneficiarán en un año a cerca de 140.000 hogares.

El hecho más novedoso en la política gubernamental es la asignación y construcción de 100.000 nuevas viviendas de interés prioritario. En tiempo record se aprobó el marco legal a éste programa de viviendas gratuitas para hogares que jamás podrían tener acceso a una vivienda propia.

Para garantizar la transparencia en la asignación de estas viviendas, se tienen en cuenta criterios de población desplazada, población vinculada a programas de superación de pobreza extrema, hogares afectados por desastres naturales y déficit habitacional.  Mediante el mecanismo de subastas por regiones, con el vehículo fiduciario, en los departamentos de Atlántico, Cesar, Bolívar, Valle, Santander y la ciudad de Medellín, ya se surtió con éxito este proceso.

La construcción emplea cerca de 1,3 millones de personas y las empresas de servicios inmobiliarios algo más de 800.000 puestos de trabajo, con lo cual, el sector inmobiliario integral, representa cerca de 10 % de los ocupados del país. Esta capacidad masiva de generar empleo hace que el sector sea un instrumento de desarrollo social.

Si bien, hay municipios que planean ejecutar grandes programas de vivienda, el resultado de las metas depende de la efectiva gestión de las administraciones locales. La falta de habilitación de suelo y la poca profundización del crédito hipotecario, son las dos grandes talanqueras para el crecimiento necesario.

Con la ejecución del programa de las 100 mil viviendas gratis para los más pobres, la segunda generación de macroproyectos, el mejoramiento de las políticas y el compromiso de las administraciones locales, esperamos que se siga cumpliendo con el objetivo de contribuir al desarrollo, a la disminución del desempleo y a aumentar, en el caso de la inversión inmobiliaria, el patrimonio económico tanto de las empresas como de los hogares.