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Es muy atractivo un discurso político que busca una sociedad más equilibrada, con soluciones y oportunidades para los menos favorecidos y para las regiones menos desarrolladas. Al igual que proyectos de ley, como el de reforma laboral en trámite en nuestro Congreso, que en sus objetivos busca, acrecentar el trabajo formal para más colombianos, oportunidades laborales a los jóvenes y mejorar las condiciones de empleo.
De igual manera, el gobierno argumenta la necesidad de reducir la informalidad y la precariedad laboral, así como garantizar el acceso a la seguridad social y mejorar los derechos laborales de los trabajadores.
¿Quién podría no estar de acuerdo con las anteriores necesidades?
Pues bien, como antecedente de reforma en asuntos laborales, previo a una profunda investigación académica sobre el mercado laboral, que concluyó en 2012, la que sostuvo que los altos costos de contratación laboral existentes en nuestro país eran talanquera para combatir el desempleo, nace entonces la ley 1607 del mismo año.
El tiempo le dio la razón al estudio y a la norma, que, aunado a instrumentos de política pública como la construcción de vivienda, la educación gratuita a jóvenes de estratos populares, en entorno de crecimiento económico, evidentemente encontró mayor contratación laboral formal.
Ahora bien, como lo relato en mi reciente libro Construyendo Nación, la informalidad siendo un problema social, es a la vez, en algunos casos, la respuesta a las malas leyes y al desgobierno. La economía popular hay que apoyarla y ayudarla a formalizarse, lo que puede conducir a más empleo de calidad. Igual señalo que, está demostrado que, entre más costos laborales para los empleadores, menos generación de empleo formal. Además, la estabilidad jurídica es pilar de los Estados de Derecho, fuente de confianza legítima, lo que se vulnera con proyectos de ley como éste.
Estudios del propio Banco de la República e instituciones especializadas en mercado laboral, señalan que, de aprobarse la reforma, el país perdería empleos formales en varios centenares de miles de necesitados. Es decir, la reforma como está planteada, logra lo contrario. Genera desconfianza inversionista, porque atenta con la estabilidad jurídica. La tarea del gobierno entonces debe concentrarse en crear condiciones para generar empleo y no para aumentar los costos laborales. No se puede perder de vista que, sólo menos de la mitad de los ocupados actuales lo están a través de empleos formales y de calidad.
Por supuesto que, falta mucho en política social, que incluya oportunidades laborales. Como la alta tasa de informalidad laboral tiene relación con bajos niveles educativos, la mejor reforma laboral es formar a los jóvenes para mejorar en un futuro su acceso laboral. Por lo tanto, la reforma laboral, tal y como está propuesta, el Congreso la debería hundir. En suma, una mala ley puede lograr lo contrario a los objetivos planteados y por el contrario, debería aprovecharse la oportunidad para concertar una reforma que, lejos de posiciones ideológicas, incentive la formalización.
