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Mientras el país político y noticioso se debate entre quién ha de ser el próximo presidente de Colombia, entre dos candidatos y coaliciones de partidos políticos y pre candidatos, quienes pretenden que en consulta el pueblo elija otros candidatos más; hay hechos que, pasan a segundo plano, siendo de gran impacto económico, social y ambiental. Veamos dos casos, uno de incertidumbre y el otro de buen futuro.
La ley permite que, cuando el Concejo de la ciudad no se pronuncie en el plazo de 90 días, el alcalde puede expedir por Decreto el proyecto de Acuerdo del Plan de Ordenamiento Territorial POT que él mismo radicó.
Para el caso del reciente POT de Bogotá, adoptado el 29 de diciembre de 2021, ha sido cuestionado con diferentes argumentos, tanto de forma, como de fondo. Ya hay demandas judiciales admitidas.
En una demanda, el argumento inicial es que la alcaldesa Claudia López no estaba aún facultada para expedirlo por decreto, porque el lapso para debatir y pronunciarse el Concejo no había culminado, se encontraba suspendido el término mientras se resolvían recusaciones e impedimentos de concejales, conforme lo respaldan las normas nacionales procedimentales y el mismo reglamento del Concejo. Demandas que buscan la nulidad del decreto.
La clave de la decisión judicial es que se llegue o no, a aceptar la petición precautelativa que mientras se estudia y debate a fondo la demanda o la posible acumulación de demandas, sea suspendida la vigencia del POT. Lo sabremos pronto. En esa hipótesis, en unos meses volverían a quedar en vigencia las normas del POT anterior. El fallo final contencioso administrativo se conocerá quizás en años. Recordemos que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del POT de Petro de 2013 y años después se ratificó que el alcalde desbordó sus competencias.
En este instante el decreto 555 de diciembre pasado corresponde al POT vigente de Bogotá. Si se concede la pretensión de suspensión (mientras se falla de fondo), porque el juez considera falta protuberante su expedición sin haberse cumplido el plazo u otras más, entra en vigencia el viejo POT del alcalde Garzón, decreto 190 de 2.004 que compiló las dos normas anteriores, decreto 619 de 2.000 de Peñalosa y su revisión mediante decreto 469 de 2.003 de Mockus.
¡La situación del POT de Bogotá, genera incertidumbre y alimenta la inseguridad jurídica!
Por otra parte, la agenda del país en energías renovables por fin despega. La fuente de energía es fundamental para realmente avanzar en mejora del medio ambiente y tener proyectos limpios. El grueso de los proyectos está ubicado en La Guajira, con 15 parques eólicos, el primero inaugurado el viernes pasado.
El listado de iniciativas en todo el territorio patrio para la generación de energía eléctrica que proviene de plantas solares y eólicas, inauguradas o en proceso de montaje, están aumentando de 28MW de capacidad instalada de energías renovables no convencionales en 2018, a 2.800 MW para finalizar este año. Si bien aún es muy baja esta capacidad, muestra un crecimiento exponencial.
Mientras Bogotá está llena de nubarrones e inseguridades, el caribe colombiano avanza en energías limpias y sostenibilidad.
El sector bancario tiene un rol central en esa construcción, no como cedente pasivo del riesgo, sino como articulador activo del ecosistema
Estos son elementos que, por ahora, vemos en el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá y que esperamos se repliquen en el resto de los proyectos de la capital y del país
Una intervención militar terrestre será aparentemente inevitable. Los marines podrían desembarcar en el norte y, simultáneamente, avanzar desde Guantánamo. Lo cierto es que, con un poco de organización, Cuba tendrá un magnífico renacer
