De la inseguridad jurídica

En el ámbito internacional, el gobierno colombiano no solo debe afrontar la protección de nuestra soberanía con la atención de las pretensiones de países vecinos, sino que debe atender demandas billonarias derivadas de decisiones, que se consideran cambio de reglas de juego, incumplimiento de tratados de libre comercio y en general inestabilidad jurídica, lo que le cuesta a la actividad empresarial y al propio estado cuando el afectado demanda.

Sumado al caso de la nueva demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, que busca quitarnos parte de la plataforma submarina, el costo de la defensa para el estado y el desgaste para el Gobierno es gigantesco, debe además atender judicialmente demandas de empresas multinacionales que obtuvieron patentes y licencias, especialmente de explotación minera y, posteriormente por conveniencia ambiental, o falta de coherencia del Gobierno, se revierten tales permisos.

Llevar sus reclamaciones a instancias internacionales, como lo han expresado las multinacionales del sector minero Eco Oro, Glencore, Cosigo y la del sector de telecomunicaciones América Móvil, entre otras, le genera a Colombia un enorme desafío en defensa jurídica, con costos y trabajo no presupuestados y, en el eventual caso de fallos negativos, atender las indemnizaciones o compensaciones económicas.

La decisión de ingresar con fuerza a los mercados internacionales con acuerdos comerciales, de protección a la inversión y los TLCs, genera la obligación de mejorar la institucionalidad, de coordinar las diferentes áreas del gobierno, de respetar los derechos adquiridos y por sobretodo de cumplir los Tratados. Esta semana fue noticia que licencias de explotación concedidas a Emerald y a Ecopetrol en La Macarena podrían ser suspendidas.

En el ámbito local, la situación de inseguridad jurídica es asfixiante y se remonta a todos los estamentos. No hay día en que no exista un reversazo del Gobierno, de la administración de justicia o alguna administración local, o un error, o una omisión de entidad estatal, o se cambien de manera inadecuada las reglas establecidas, con lo que se generan consecuencias nefastas para la actividad empresarial, golpea el apetito de inversión, afecta la competitividad y como si fuera poco, crea riesgo fiscal.

La calidad del estado de derecho es mala, prueba de ello es la ineficiente administración de justicia. Existe ineficacia, tráfico de influencias, decisiones sin técnica jurídica y cambio de reglas de manera inesperada. Hay sentencias contradictorias o incomprensibles. Atravesamos por una descomunal crisis del sector de la justicia.

Los ciudadanos tienen incertidumbre en los trámites o solicitudes frente a la administración, a lo que se le suman males endémicos como las continuas reformas tributarias, el cambio permanente de las reglas, la interpretación amañada de las mismas, la politiquería y la corrupción. 

En el sector inmobiliario y de la construcción, para tramitar una licencia, se requiere una inversión gigantesca en diseños previos y estudios, que al cambiar la norma podrían perderse; caso agravado en Bogotá que en los últimos años, por falta de estabilidad en las normas urbanísticas, la actividad formal de la construcción decayó.

Por todo lo anterior, la inseguridad jurídica eleva los costos de transacciones, baja la competitividad y aleja a los inversionistas. La talanquera al desarrollo y el costo fiscal derivado de las reclamaciones por dicha inseguridad, es incalculable.