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Blas de Lezo

Almirante español, famoso en el siglo XVIII por su estampa llena de heridas de guerra y por defender en 1.741 a Cartagena de Indias del asedio británico. Blas de Lezo gravita en la historia de la ciudad amurallada, tanto que se encuentra en obras pictóricas, como las del maestro Obregón; referencias, sitios y edificios, incluso en obras construidas de manera pirata, que llevan su nombre.

Pues bien, en días pasados se desplomó el edificio Blas de Lezo II, que se encontraba en construcción sin licencia y desarrollando su edificación contrario a las normas nacionales de construcción y las urbanísticas de la ciudad, compiladas estas últimas en el POT de Cartagena. La tragedia alarmó a todo el país, debido a que hubo más de 20 muertos; había trabajadores venezolanos, al parecer de forma ilegal; además, su estructura contaba con siete pisos de altura, cuando la norma en ese popular sector residencial solo permite cuatro niveles.

Con ímpetu los medios informaron, incluso la propia Administración Distrital, que la falta de control urbano y que construir sin licencia, fueron causantes de esta lamentable tragedia. Se les olvidó que cerca de 70% de Cartagena ha sido edificada sin licencia. La denominada construcción pirata, de alguna manera, ha tenido tolerancia y hasta la complicidad por parte de las autoridades. Los asentamientos precarios son una manifestación espacial y física de la pobreza y, de la mala gestión gubernamental.

El problema de la urbanización pirata, de baja oferta de vivienda formal, de construcciones con vulnerabilidad sísmica y que no soportan desastres naturales, es preponderante en los países poco desarrollados. Para el caso colombiano, cerca de la mitad de las edificaciones tienen origen informal. Ciudades donde existen más hogares en pobreza o más recepción de desplazados, son las de mayor informalidad en el desarrollo urbano, como Cartagena. En ciudades de mejor ingreso per cápita, con más hogares de estrato medio, como Bucaramanga y Medellín, es más bajo el impacto. Bogotá está en la media nacional.

Algunas autoridades colombianas, no obstante la realidad anterior, parecieran tener oídos sordos frente a esta situación. En cambio, se ensañan persiguiendo a los constructores formales: Presión fiscal descomunal, trabas para las licencias, demora y corrupción en la puesta de servicios públicos domiciliarios, excesivo despliegue para verificar cumplimientos fiscales, aceptación del abuso del derecho de vecinos, hacen parte del actuar que se acrecienta. 

Pareciera que el control urbano es solo a construcciones llevadas a cabo con licencias ejecutoriadas y no a edificaciones ilegales como Blas de Lezo II y a tanta vivienda informal. 

Las tragedias por desastres naturales, afectan en mayor medida a las edificaciones informales; en ola invernal, barrio pirata equivale a inundación segura; barrios formados por invasión, con daños al medio ambiente en el loteo, son vulnerables a estos desastres. Si bien Colombia ha avanzado en norma sismoresistente desde hace 30 años, las construcciones informales no la cumplen, por ello con un sismo alto, hay probabilidad de desplome de éstas. Y ¡la tapa!, por falta de calidad de obra, edificios ilegales como Blas de Lezo II, se derrumban.

La informalidad es fuente de desastres sociales, físicos y económicos, que afectan a la sociedad toda, siendo talanquera para el desarrollo colectivo.