Analistas

Tributación y Equilibrio Social-Fiscal

GUARDAR

Sergio Clavijo - anif@anif.com Prof. Universidad de los Andes

A finales de 2019, Ejecutivo y Legislativo se dieron a la tarea de tramitar nuevamente el contenido de la anterior Ley 1943 de 2018. En su momento, el Gobierno expresó que si dicha Ley era declarada inexequible por la Corte Constitucional entonces el país perdería (¿para siempre?) un gran monto de recaudo.

La exagerada cifra gubernamental sobre supuesta pérdida de recaudo (en VPN) carecía de serio sustento y pretendía más bien asustar a las Cortes. Inclusive algunos centros de pensamiento se prestaron al sainete declarando que la economía también se desaceleraría de forma significativa por cuenta de tal evento, al perderse la supuesta dinámica de inversión fincada en una ilusoria “confianza inversionista 2.0”.

La nueva Ley 2010 de 2019 (sustituyendo la Ley 1943 de 2018) no solo replicó la fallida estructura tributaria, sino que agravó el drenaje tributario al conceder: i) mayores cruces entre el pago de tributos nacionales con los territoriales; ii) devoluciones del IVA a hogares pobres, pero sin haber incrementado previamente su aplicación a ítems tan elementales como el asfalto-concreto, computadores, transacciones con zonas francas; iii) permitió, además, tres “días sin IVA”, cuando ellos se han venido desmontando en el mundo desarrollado, pues no promueven el consumo sostenido, sino la perforación tributaria; iv) desmontó la sobretasa a las ventas de vivienda de altos estratos bajo el argumento de que obstruía dicho mercado; y v) permitió menores contribuciones de los pensionados (hasta de dos salarios mínimos legales) por concepto de salud (bajando su aporte de 12% hacia 4% durante 2020-2022).

Se ha estimado que durante los próximos tres años el drenaje tributario adicional allí aprobado irá ascendiendo del 0,2% del PIB a 0,6% por año (más o menos por partes iguales entre IVA, contribuciones a la salud e impuestos vivienda). Este drenaje adicional viene a sumarse al “estructural” de 0,6% del PIB, que ya se tenía en cabeza de las firmas. Esto debido a que el recaudo de los hogares ricos (+0,3% del PIB) no logrará sobre compensar el drenaje empresarial (-1% del PIB).

Esto ocurre en medio de las protestas sociales (en “tregua-navideña”) que ha venido padeciendo buena parte de América Latina. A partir de noviembre del 2019, se contagiaron los chilenos, ecuatorianos y colombianos de las “chaquetas amarillas” de Francia, de los secesionistas de Cataluña y de los movimientos anti-establecimiento del Brexit y del fenómeno Trump. Es claro que no existe ni un diagnóstico común sobre dichos movimientos y mucho menos una respuesta fiscal unificada que pueda apaciguar tan diversos problemas.

Los problemas de Estados Unidos son de desigualdad y de bajo crecimiento, donde esto último se refleja en cuentas externas deficitarias, particularmente con Asia. Y los de Francia tienen que ver con la poca viabilidad fiscal de un sistema paternalista (con gasto público cercano a 50% del PIB).
Pero al menos en Francia se tiene bastante igualdad (arrojando un Gini de 0,29 después de transferencias). Los problemas de Chile reflejan problemas “aspiracionales” de una clase media que ha progresado rápidamente y que quiere más de todo a cargo del Estado (educación, transporte e igualdad).

Poco se destaca que en Chile ya se ha logrado reducir, en las dos últimas décadas, la pobreza de 36% hacia el actual 9% y que su Gini se ha reducido de 0,53 a 0,46 (aunque queda una importante tarea por hacer en este frente de equidad). Lo paradójico es que quienes protestan en Colombia deberían estar clamando por impulsar pronto una reforma pensional que acabe con la alta inequidad detrás del sistema de Colpensiones (tipo Hood-Robin). También deberían ellos abogar por eliminar los sobrecostos de enganche laboral que le hace difícil a las firmas contratar mano de obra al enfrentar multiplicadores salariales de 1,5 veces (incluyendo el anacrónico 4% que va a las Cofamiliares). La idea de aliviar los sobrecostos en el enganche de jóvenes, aprobada en la Ley 2010 del 2019, apunta en la dirección correcta, pero es claramente insuficiente para que estructuralmente se reduzca el desempleo juvenil de 18% hacia 8%.

Colombia continua presa de la “tragedia de los comunes”: todos quieren mayores subsidios sociales, pero nadie está dispuesto a tributar más. Así, resultará difícil que en Colombia se acelere el crecimiento estructural del actual 3% hacia el 4% anual y que se reduzca el desempleo del actual 10.7% al menos hacia 8%. Claramente la Ley tributaria 2010 de 2019 no era la que requería el país para poder enfrentar sus afugias fiscales y las protestas sociales, pues el recaudo neto estará descendiendo hacia el 2022 y la presiones fiscales son inmensas.

Más columnas de este autor
LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.

GUARDAR
MÁS LR

Agregue a sus temas de interés

MÁS LR

Agregue a sus temas de interés