Analistas

Libranzas extrabancarias

Desde el grave incidente de Interbolsa en 2010, los mercados locales no habían registrado tanta “ansiedad financiera” como la que se ha desatado en 2016 con las llamadas “libranzas extrabancarias” y sus caóticos mecanismos de titularizaciones tipo subprime.  Parece ser que ni el Congreso, ni los reguladores, ni los organismos de vigilancia (especialmente Supersociedades y Supersolidaria) han aprendido las lecciones recientes que cabría extraer del descalabro de las cooperativas financieras (1998-2002 en Colombia) o de la crisis de titularizaciones hipotecarias subprime (2008-2012 en Estados Unidos).

Empecemos por señalar que la “garosidad” legislativa de la Ley 1527 de 2012 y su atropellada “reglamentación” (a través del PND 2014-2018) obnubilaron el entendimiento sobre el éxito histórico que habían tenido las libranzas bancarias tradicionales (donde cerca del 50% de su éxito provenía de atar el consumo de los hogares a créditos de bienes semidurables y, el otro 50%, a que tenían como fuente de pago una nómina estable de trabajadores principalmente del Estado).  

La “novedad” de dicha Ley fue pensar que se podría ampliar la “inclusión financiera” hacia fuentes de pago no estables y, además, crear sistemas de titularización de las obligaciones generadas en cooperativas (muchas de ellas de “papel”).  No contentos con tomar semejantes riesgos, decidieron también autorizar el negocio de “mover papeles” hacia entidades que estuvieran por fuera del alcance de la Superfinanciera, donde no sorprende que precisamente muchos de los directores de las libranzas extrabancarias tienen historiales de sanciones de la Superfinanciera.  

En su momento, Anif expresó que existían serios riesgos de que la extensión de créditos a trabajadores independientes llegara a “desvirtuar la naturaleza de un crédito de bajo nulo incumplimiento a nivel de trabajadores formales”.  ¿Acaso los créditos de consumo así generados y las titularizaciones de esas obligaciones no forman el “corazón” de lo que el supervisor financiero debería estar monitoreando tras los desastres de titularizaciones hipotecarias subprime a nivel global?  

Claramente ni la Supersociedades ni la Supersolidaria tiene el músculo técnico para realizar el detallado seguimiento financiero que todo esto requiere. Nótese que estaríamos hablando de “libranzas extra-bancarias” por valor de $10 billones, donde se estima que $3 billones pueden estar “emproblemados” (Vs. los $34 billones de libranzas del sector bancario, que históricamente han tenido una calidad que inclusive supera la del promedio del sistema).

Con los hechos ya cumplidos sobre mala gestión y pobre contabilidad, la Supersociedades optó por intervenir a firmas (¿no financieras? …, pero captando dinero del público para “ampliar sus titularizaciones”), tales como Estraval, Elite y Suma Activos (entre otras); mientras que la Supersolidaria ha intervenido a una decena de cooperativas (algunas de ellas de papel).

El problema no es “solo de originación de créditos de consumo subprime”, sino su multiplicación a través de supuestos “desapalancamientos” de quienes otorgan esos créditos a través de titularizaciones.  Nótese cómo se ha disfrazado la captación de recursos del público a través de la reventa de la cartera (endosando su pagaré) al inversionista.   

El Decreto 1348 de agosto de 2016 es realmente “ingenuo” frente a esta grave problemática, pues no se trata de “falta de información” a la clientela, sino de no entender que cerca del 30%-50% del crédito debería quedar siempre en cabeza de los “originadores” para aconductar su otorgamiento.

Afortunadamente, esta crisis de libranzas extrabancarias no tiene repercusiones sistémicas, pero sí repercusiones reputacionales, incluyendo las FICs relacionadas con libranzas.    Prospectivamente, el Ministerio de Hacienda debería aprovechar el proyecto de Ley 34 de 2016 (Senado) para poner orden financiero y traer nuevamente al redil de la Superfinanciera temas que nunca han debido salir allí.