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Las Pyme y la llegada de inmigrantes venezolanos

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Recientemente se divulgaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, correspondientes al primer semestre de 2018. Así, la GEP completó 25 lecturas semestrales (2006-2018) a nivel nacional, con la colaboración de Bancóldex, el Banco de la República, Confecámaras y el FNG. La encuesta fue realizada en marzo-junio de 2018 por la firma Cifras & Conceptos, cubriendo la opinión de 1.791 empresarios Pyme, en los sectores de industria, comercio y servicios.

Las Pymes de los tres macro-sectores encuestadas en la GEP reportaron un comportamiento favorable de su situación económica y mantuvieron estables sus expectativas sobre el desempeño de corto plazo en la medición del primer semestre de 2018.

Esto se reflejó en que el Indicador Pyme Anif (IPA) se expandió de manera significativa frente a la medición anterior (61 vs. 54 de seis meses atrás), regresando al plano de “buen” desempeño económico. La recuperación de las percepciones de las Pymes a nivel nacional estuvo en línea, en gran medida, con el desempeño macroeconómico de los sectores que concentran una alta proporción de estas empresas en el país en el primer semestre de 2018.

Dentro de dicho panorama económico, no es posible dejar de lado la complicada situación social generada por la inmigración venezolana. En este frente, Anif ya había analizado las implicaciones en lo referente a: i) seguridad ciudadana, donde se ha visto participación creciente de dichos inmigrantes en atracos y hasta en actos terroristas (relacionados con la guerrilla del ELN); ii) requerimiento de servicios de salud, pues esa población de inmigrantes viene desnutrida y proclive a enfermedades epidémicas (reviviendo brotes hasta de sarampión), presionando el fisco hasta en 0,04% del PIB ($400.000 millones) por año; y iii) afectaciones al mercado laboral, incrementando su oferta en el mercado legal e ilegal, con deterioro para los salarios de los colombianos, especialmente en tareas agrícolas y en áreas de frontera. La más reciente medición de la GEP incluyó un módulo de preguntas referentes a la contratación de venezolanos en las Pyme.

Se encontró que el porcentaje de empresarios que contrató inmigrantes venezolanos alcanzó casi un quinto de la muestra en los tres macro-sectores (19% en industria, 16% en comercio y 17% en servicios), donde un porcentaje relevante (15% en industria, 28% en comercio y 26% en servicios) de los encuestados afirmó contratar a los inmigrantes de manera informal (ver gráfico).

Al indagar sobre los salarios que devengan los venezolanos, cerca de un tercio de los encuestados en los tres macro-sectores reportó pagar menos a los inmigrantes que a sus pares colombianos (27% en industria, 31% comercio y 36% servicios).

Así, estas respuestas corroboran las estimaciones hechas por Anif seis meses atrás en materia de presiones de la llegada de venezolanos sobre el mercado laboral colombiano.

En efecto, Anif calculó que la tasa de desempleo podría ascender desde el 9,4% (promedio de 2017) hacia el rango 10%-11%, en función de la mayor oferta de los inmigrantes y de su tasa de contratación. Además, la formalidad podría caer desde el 42,9% de la PEA observado al cierre de 2017 hasta el 42%-42,5% en los próximos años.

Ahora, mediciones anteriores de la GEP (en el segundo semestre de 2017) también revelaron que una forma de aliviar esa presión sobre el mercado laboral pasaba por agilizar los trámites migratorios de este grupo de personas y elevar sus niveles de capacitación. En efecto, según la GEP de 2017-II, más de un cuarto de los empresarios Pyme contrataría inmigrantes siempre que sus requisitos migratorios estuvieran en regla o si tuvieran la capacitación requerida.

Ante esto, la labor del Gobierno debería ser doble. Por un lado, Anif reitera su llamado al Dane y a Migración Colombia para que busquen alternativas para “mejorar” los sistemas de conteo-censo de venezolanos con el fin de poder tener información veraz de la situación.

De esta forma, se podrá organizar el portafolio de solicitudes de apoyo ante Naciones Unidas y, bilateralmente, con EE.UU. y España, países con recursos y gran experiencia en este tipo de manejos. Y, por otro lado, resulta urgente que el Gobierno también se concentre en labores como: i) la agilización de trámites migratorios; y ii) evaluar la posibilidad de ampliar los mecanismos de capacitación laboral técnica (a través del Sena) a un porcentaje de la población de inmigrantes venezolanos.

Los resultados de la GEP del primer semestre confirman la afectación que puede tener el mercado laboral con la llegada de inmigrantes venezolanos. Pese a que la permanencia de venezolanos puede rondar ya cifras superiores al medio millón, solo 15%-20% de las Pyme de Colombia ha contratado venezolanos en el último año, donde 20%-30% de dichas contrataciones son informales.

El Gobierno debería agilizar mecanismos de “conteo-censo” del nuevo grupo poblacional para diseñar mecanismos de ayuda con cooperación internacional, agilizar trámites migratorios y evaluar la posibilidad de abrirles mecanismos de capacitación.

Estos últimos dos elementos podrían atenuar el efecto negativo sobre el mercado laboral, pues son condiciones que los empresarios Pyme han puesto para considerar la contratación de inmigrantes venezolanos en el corto plazo.

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