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La reforma pensional que requiere Colombia: según la Ocde

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En los inicios de 2015, la Ocde dio a conocer los avances y desafíos que enfrenta Colombia en materia de reformas para poderse vincular formalmente como miembro de dicho “club de buenas prácticas”. La discusión sobre dichos avances se ha centrado en las áreas tributarias y laborales-pensionales. 

Con relación a las reformas tributarias, Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, la Ocde destaca la preocupación de Colombia por ganar en eficiencia del recaudo, en formalización y en mayor equidad a nivel de los hogares. Sin embargo, la Ocde, al igual que los centros de pensamiento, se ha mostrado preocupada por la afectación que podría tener la inversión productiva ante la baja rentabilidad que estarán dejando tasas de tributación efectivas cercanas a 45% (en promedio ponderado) para las firmas que operen en Colombia, aun después del desmonte del mal llamado impuesto a la riqueza en el 2018.

Sobre la reforma pensional que requiere Colombia, la Ocde destaca tres áreas principales en materia de reformas paramétricas: i) la conveniencia de atar la edad de pensión a la mayor esperanza de vida, tal como ya se ha implementado en algunos países nórdicos; ii) la urgencia de reducir las elevadas “tasas de reemplazo” (=Monto Pensión/Contribuciones), las cuales bordean 65%-75%, cuando los mecanismos de mercado a nivel global están en la franja 45%-55% (y para densidades altas de cotización); y iii) marchitar el régimen público de Colpensiones, dado que los sistemas de “prima media” a nivel mundial han mostrado su incapacidad para acoplarse a los drásticos cambios demográficos, los cuales indican que la gente tendrá que ahorrar más en su vida productiva para enfrentar una vejez más longeva. 

Sobre los temas de “género”, la Ocde propone elevar la edad de pensión de las mujeres e igualarla a la de los hombres, como ha ocurrido en otras latitudes. Sin embargo, esta recomendación luce “redundante” e innecesaria, pues si precisamente hacia el futuro lo que contará es la capacidad de ahorro de la población, y no “tasas de reemplazo” fabricadas artificialmente, las mujeres podrán pensionarse (al igual que los hombres) no cuando lleguen a determinada edad, sino cuando la suma ahorrada les garantice por lo menos una pensión equivalente a un Salario Mínimo Legal (SML), o 75% de él si nos moviéramos hacia la práctica de Chile. 

Así, bajo un sistema totalmente determinado por la capacidad de ahorro y el premio al mismo (como el de las AFPs), los temas de edad de pensión y los desajustes paramétricos dejan de ser relevantes. Cabe inclusive la posibilidad, como ocurre en algunos países nórdicos, que el Estado entre a compensar los años de maternidad con una “bonificación” de ahorro pensional, pero esto dependerá de la capacidad fiscal de cada Nación.

Ahora bien, todo lo anterior tiene relevancia al pensar prospectivamente; pero el problema de Colombia es que su sistema pensional (pronto a cumplir los 50 años, desde su nacimiento en 1967) tan solo ha generado pensiones para 25% de su población en edad de pensión (mayor a los 62 años). Luego la pregunta de fondo es: ¿qué hacer actualmente con los ancianos pobres que carecen de pensión?

A este respecto, la Ocde propone fortalecer: i) el programa de “Colombia Mayor”, a través del cual se le otorgan subsidios a los ancianos pobres; y ii) profundizar los esquemas de ahorro para aquellos ancianos a los que les faltan relativamente pocas semanas de cotización a través de los llamados Beneficio Económicos Periódicos (BEPs). 

En el caso de “Colombia Mayor”, esta propuesta tiene gran sentido socioeconómico, pues actualmente tan solo compromete 0,01% del PIB por año y bien podría duplicarse su cobertura hacia 0,02% del PIB, con un gran multiplicador de bienestar para cerca de 2-3 millones de potenciales ancianos indigentes que tendrá Colombia durante la próxima década.

Por último, lo que está claro es que el sistema pensional de Colombia requiere reformas urgentes a nivel paramétrico y estructural; el gobierno Santos II (2014-2018) haría bien en liderar este tipo de reformas recomendadas por la Ocde, en vez de estar perfeccionando el “arte de las postergación” a través de convocar otra Comisión para que concluya todo lo anterior. Lo peor que le podría pasar a Colombia en el frente pensional es que dicha comisión decida, además, que lo “urgente” y único es continuar dando más subsidios, en vez de arreglar paramétricamente el problema estructural.

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