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Anif ha venido advirtiendo sobre “la tragedia de los comunes” que viene presentándose en la discusión tributaria de Colombia, donde todos los sectores (hogares y gremios empresariales) quieren continuar usufructuando el presupuesto público, pero sin estar dispuestos a aportar esfuerzo tributario adicional. Una primera etapa de dicha tragedia provino de las fuertes reacciones partidistas frente a la propuesta gubernamental (bien estructurada, pero presentada con un rezago de 3 años) referida al incremento de la tasa general del IVA de 16% a 19%.
Una segunda etapa ha ocurrido a manos de los gremios empresariales, ahora calificando dicha reforma de “anticompetitiva” (Andi) y de “proinformalidad” (Fenalco). La esquizofrenia económica es evidente: en discusiones académicas todos parecen coincidir con la urgencia de allegar cerca de 2% del PIB en tributación adicional para contener la espiral de la deuda pública (que va camino casi seguro hacia una degradación en la calificación de riesgo-país), pero a nivel sectorial todos quieren preservar las generosas exenciones tributarias existentes.
Pocos parecen entender que la esencia de la reforma tributaria estructural radica en, primero, buscar fuentes para compensar la rebaja en el imporrenta de las firmas (a través de mayores tributos a los hogares) y, segundo, conseguir nuevos recursos para cerrar la brecha fiscal (a través de elevar la tasa del IVA). Los gremios aspiran a que les rebajen las onerosas tasas de tributación de Imporrenta-Cree e Impo-Riqueza, pero no plantean alternativas serias de tributación adicional (su discurso ha sido un ... no a las azucaradas, no al tabaco, no a los combustibles, no al IVA de vivienda de estratos altos).
El ultimo “sainete-empresarial” de esta tragedia proviene de reparos al impuesto a los dividendos recibidos por personas naturales (a tasas de 5% para réditos entre $17-$30 millones anuales y a 10% para +$30 millones), lo cual implica gravar portafolios superiores a $800 millones. Más aun, cabe aclarar que cerca de 70% de la distribución de esos dividendos no se vería afectada, ya que ella ocurre entre firmas, donde estos dividendos se gravarían a 0%. También se ha propuesto al Congreso gravar a 10% los dividendos repartidos por firmas extranjeras. Infortunadamente, este tipo de medida tan solo estaría incrementando el recaudo en 0,1% del PIB por año.
Para entrar a calificar esta propuesta de “anti-competitiva”, lo primero que debe hacerse es analizar cuál es la práctica internacional. Aun si se aceptara el argumento (errado conceptualmente) de sumar directamente el gravamen a la firma con el de la persona natural, se encuentra que la tasa propuesta para una firma extranjera operando en Colombia seria de 39,9% (= 32% + 7,9%), donde este último componente es el efecto de incremento debido a los dividendos.
Pues bien, esta cifra de 39,9% propuesta para Colombia resultaría inferior a 42% que (en promedio) se aplica actualmente en países de la Oecd (2016). Aun comparándonos con Chile, se encuentra que la tasa de 10% de gravamen a los dividendos de los hogares ricos se ubica por debajo de 15% que se aplica en dicho país.
Cabe aclarar que, desde un punto de vista conceptual, debe distinguirse entre inversiones del extranjero en firmas de largo aliento (las preferidas por la IED) de aquellas meramente especulativas, donde operaría esa tasa de 39,9% de Colombia (vs. 42% de la Oecd). En firmas de inversión de largo plazo, la IED no debería tener mayor problema con tener que reinvertir sus utilidades para acrecentar el negocio, lo cual implicaría que su tasa de gravamen sería un competitivo 32%. En síntesis, el esquema tributario propuesto para los dividendos en Colombia no es pernicioso para la competitividad de las firmas, pero tampoco es que añada nada sustantivo al mayor recaudo, dada la forma en que se ha planteado, aunque va en la dirección correcta de buscar progresividad tributaria.
