El resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela ha puesto en tela de juicio la perdurabilidad del Socialismo del Siglo XXI. A nivel interno, ha ocurrido un reajuste en la correlación de fuerzas políticas que desfavorece al gobierno. En lo que respecta a América Latina, ese cambio tiene consecuencias para el grupo de países que se beneficiaron del proyecto de imprimirle una dimensión internacional a la Revolución Bolivariana.
La forma como transcurrieron los acontecimientos el día de la votación, y las dudas acerca de la imparcialidad de la autoridad electoral, han dado lugar a una controversia acerca de la confiabilidad de los datos oficiales. Aún bajo el supuesto de que el recuento acordado de los escrutinios confirme el resultado anunciado, el lánguido margen de triunfo deja a Venezuela con una sociedad polarizada y una legitimidad gubernamental cuestionada.
Independientemente de lo que determine la auditoría de las mesas electorales, en Venezuela se ha iniciado un proceso de transición hacia una forma de ordenamiento institucional diferente. El manejo hegemónico del poder que alcanzó a consolidar Hugo Chávez durante su gobierno ha demostrado ser inviable en su ausencia. Si el gobierno esperaba obtener en las urnas un voto de confianza por su desempeño, y un mandato para adoptar en Venezuela un esquema socio-económico similar al de Cuba, es evidente que ha sufrido un descalabro.
Nicolás Maduro se hace cargo de la presidencia en condiciones precarias. No dispone del amplio consenso nacional que se requeriría para responder en forma adecuada a los problemas que reclaman una acción gubernamental vigorosa. La cohesión de las distintas fuerzas que integran la coalición chavista es frágil. En cambio, su contendor, Henrique Capriles, sale fortalecido de las elecciones. En condiciones de abierta desventaja frente al oficialismo, logró movilizar y dirigir con éxito un movimiento de oposición que se perfila desde ahora como una alternativa válida de gobierno.
Más allá de las vicisitudes electorales mencionadas, el experimento bolivariano de los últimos años permite hacer algunas observaciones de carácter general.
Lo que puede identificarse como el elemento central del Socialismo del Siglo XXI es el intento de imponer un sistema de control político y económico de la sociedad radicalmente opuesto al que prevalece en las democracias occidentales.
Los pilares del modelo son: la acumulación de las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas; y el progresivo control estatal del sector empresarial privado. Para los ideólogos del modelo, valores occidentales tales como la separación de poderes, los límites temporales o institucionales al ejercicio del gobierno, el respeto a las libertades individuales y la economía de mercado son convencionalismos burgueses cuyo propósito es frustrar la voluntad popular. El modelo implícito de ordenamiento político es, por naturaleza, anti-occidental.
Pero la implementación de este modelo tropieza con una resistencia creciente en sociedades que están familiarizadas con los valores occidentales y con los principios de la democracia liberal. Esa es la razón por la cual está haciendo crisis el intento de establecer el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela.
