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El proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es una señal de que el Gobierno ha decidido seguir impulsando una agenda modernizadora. Un aspecto de la misma que merece destacarse es la propuesta de reducir los gravámenes parafiscales a la nómina, con el fin de estimular la generación de empleo formal. Estos recargos al salario básico, que encarecen en cerca de 60% la creación de cada empleo en el sector formal, constituyen una protuberante distorsión de la economía colombiana. Condenan a una proporción significativa de la fuerza laboral al desempleo o a la informalidad. Perjudican a los trabajadores con un bajo nivel educativo, a los jóvenes y a las mujeres. Son, por lo tanto, un factor de inequidad social.
Un principio elemental de lógica impositiva conduce a encarecer por medio de gravámenes aquellas actividades que se consideran nocivas para la salud o para el bienestar de los hogares: la adicción al licor, al cigarrillo o a los juegos de azar. Es razonable suponer que la decisión gubernamental de elevar el costo de dichas actividades tiende a desestimularlas. Así lo confirma la evidencia empírica. Pero la generación masiva de empleo bien remunerado debería ser el objetivo prioritario de un país que aspira al progreso económico y la equidad social. Encarecer en forma deliberada la contratación de empleo formal, tal como se ha hecho en Colombia, es un contrasentido.
Si al tiempo que se encarece la generación de empleo formal se reduce el costo de capital, se crea un poderoso incentivo para desestimular la utilización de mano de obra en los procesos productivos. Esto es algo que carece de racionalidad económica o social. Existe el convencimiento generalizado entre los economistas de que deben diseñarse formas menos distorsionantes de financiar meritorias entidades de salud, bienestar infantil, capacitación laboral y recreación popular que los actuales gravámenes a la nómina. Esas recomendaciones están sustentadas por investigaciones adelantadas en Fedesarrollo, la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y otros centros académicos así como entidades técnicas del Estado.
Esta iniciativa a favor del empleo y la equidad merece el apoyo decidido de los grupos políticos que conforman la coalición gubernamental. Para que el proyecto cumpla el respectivo trámite legislativo en dos meses, y entre en vigencia a partir de enero del 2013, es imperativo apuntalarlo con un mensaje de urgencia.
Un cambio que debe rechazarse es la reducción al impuesto a los combustibles. Ése es un impuesto progresivo. Estimula la conservación de un recurso energético no renovable. Además, reúne atractivos ecológicos, urbanísticos y de estilo de vida. Reduce la congestión de tráfico, favorece el uso del transporte público y los desplazamien-tos a pie o en bicicleta. Genera un ingreso fiscal cuantioso, de fácil recaudo. Si se contempla modificar este impuesto, debería ser para incrementarlo. El ministro de Hacienda daría una valerosa demostración de responsabilidad, oponiéndose a la propuesta de reducirlo que hizo cuando desempeñaba la cartera de Minas y Energía.
Si volvemos a usar el salario mínimo como atajo para resolver lo que no se construyó durante el año, el efecto no será justicia social, sino menos empleo, más informalidad y menor capacidad de crecer
Algo de estos dólares oscuros entra también con las remesas en niveles históricos. Otra parte entra por la peor vergüenza de los países modernos, la emigración de su gente, que no ve futuro en su país, el “país del no futuro” del efecto Petro
El problema, no es el éxito, es el “exitismo”. Uno es conquista, el otro condena. Uno libera, el otro esclaviza. Uno expande, el otro vacía
