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Al tiempo que un golpe de Estado a ritmo de sainete en Zimbabue retiraba de su cargo al dictador Robert Mugabe, su colega caribeño, Nicolás Maduro, daba inicio a la cesación de pagos de la deuda soberana de Venezuela. Al hacer un llamado a la restructuración de la deuda externa, Maduro estaba presentando como una decisión de política económica algo que le había sido impuesto por fuerza de los hechos. En realidad, el gobierno carecía de fondos para seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras.
La perspectiva de un default venezolano no ha tomado por sorpresa a la comunidad financiera internacional. Desde hacía algún tiempo, el interrogante entre los analistas ya no era si Venezuela declararía la cesación de pagos de su deuda externa, sino cuándo. Lo sorprendente es que el gobierno hubiera estado dispuesto a seguirles cumpliendo a los acreedores externos, mientras restringía de manera drástica la disponibilidad de divisas requeridas para el funcionamiento del aparato productivo y para el bienestar de la población. La reducción de 85% en el nivel de importaciones ha afectado el suministro de alimentos, medicinas, materias primas, insumos y repuestos para la industria.
Si bien el gobierno se siente fortalecido por el fraccionamiento de la oposición, la capacidad negociadora hacia el exterior está condicionada por su fragilidad financiera. La actividad económica se sigue contrayendo, el ritmo inflacionario se acelera, la moneda pierde valor y el desabastecimiento se acentúa.
Reestructurar la deuda soberana de un país, cuyos bonos hayan sido emitidos bajo las leyes del Estado de Nueva York, es un proceso complejo y dispendioso, que no se presta a ser manejado con desplantes de autoridad. Los negociadores por parte del gobierno deudor deben tener amplia experiencia financiera, talento jurídico y familiaridad con el idioma inglés. Estas son pericias bastante escasas entre los funcionarios del régimen bolivariano. Así lo indica el intento de darle un tratamiento diferente a la deuda soberana y a la de Pdvsa.
Se equivocan los dirigentes venezolanos si piensan que al negociar con los tenedores de bonos se van a enfrentar con asociaciones de viudas o con órdenes religiosas, a quienes se puede intimidar. Los títulos de deuda venezolana han dejado de ser una alternativa de inversión para los inversionistas institucionales a causa del alto riesgo país y las probabilidades de insolvencia gubernamental.
Quienes han estado dispuestos a comprar, con enormes descuentos, estos instrumentos de deuda, son los hedge funds. Estas entidades, que en nada se parecen a organizaciones filantrópicas, están dispuestas a asumir altos riesgos, en búsqueda de grandes utilidades. Los directivos de los hedge funds, y sus abogados, están en capacidad de crearles dificultades judiciales de distinto orden a los gobiernos con deudas vencidas, para obligarlos a llegar a un acuerdo satisfactorio con sus acreedores.
El régimen de Nicolás Maduro parte de una posición de debilidad. Inicia la negociación con los acreedores internacionales desprovisto de legitimidad democrática y con la responsabilidad por haber causado un deterioro económico y social sin precedentes.
