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El Gobierno Nacional ha comenzado a socializar las bases de la reforma fiscal que presentará al Congreso de la República. La propuesta está encaminada a mejorar la estructura tributaria, en un marco de mayor equidad, evitando que los que ganen menos paguen mayores tasas efectivas de tributación, como sucede hoy en día. También busca simplificar el sistema vigente y que éste se adapte a estándares competitivos internacionales.
En este empeño se reducen las deducciones y rentas exentas en el impuesto sobre la renta, a la vez que se disminuye la tarifa marginal del 33 al 27%. Dentro de los elementos que estarán sujetos a modificación también se encuentra el impuesto al valor agregado, IVA. Respecto a este tributo, los trabajos del Banco Mundial y de la Dian han identificado que el esquema vigente es de muy difícil administración ya que existen siete tasas diferentes e incorpora un gran grupo de exenciones y exclusiones que han conducido a un subsidio muy inequitativo en beneficio de los más ricos. En este contexto propone establecer tan solo dos tasas del 5% y 16% y adicionar el esquema con unos impuestos al consumo de bienes de lujo.
Dentro de los productos que pasarían a pagar la tasa de IVA del 16% se encuentran los seguros médicos voluntarios y la medicina prepagada, que hoy en día están sujetos al gravamen del 10%. Para estos productos, además, se elimina la posibilidad de hacer deducciones. Actualmente las personas naturales pueden deducir hasta el 15% de su ingreso gravable por concepto de pagos hechos por educación y salud privadas. Pero la propuesta solo la mantiene para la educación, mientras la de salud se sustituye con una nueva por pagos catastróficos que superen el 5% del ingreso gravable.
En otras palabras, la fórmula gubernamental reversa los estímulos vigentes a los planes privados de salud, al eliminar la posibilidad de deducir los gastos de la base gravable del impuesto a la renta y al elevar la tarifa del IVA, seguramente bajo la concepción de que las políticas vigentes frente a estos planes únicamente favorecen a los más ricos, y dentro del espíritu de lograr mayor equidad que permea la filosofía de la nueva reforma.
Esta propuesta resulta inadecuada no solo desde el punto de vista filosófico, sino también desde la óptica fiscal y de equidad. La salud es un derecho constitucional y un bien meritorio que se debe promover. Esta iniciativa oficial contradice el artículo 39 de la Ley 1438 de 2011 (Reforma a la Salud), generada por la crisis financiera del sistema, en el cual se estableció que: "El Gobierno Nacional estimulará la creación, diseño, autorización y operación de planes voluntarios y seguros de salud tanto individuales como colectivos", en la medida en que éstos alivian las finanzas públicas.
Pero, ante todo, las propuestas del Gobierno frente a los planes privados de salud ignoran el impacto fiscal positivo que éstos traen consigo y contradicen las prácticas internacionales. Los seguros privados de salud en Colombia han significado un ahorro de recursos para el sistema obligatorio. Quienes tienen seguros voluntarios de salud o planes de medicina prepagada acuden menos al Plan Obligatorio de Salud, POS, cuando requieren atención. Estos resultados confirman lo expresado en la Reforma a la Salud y la experiencia internacional, que indican que los planes privados contribuyen a solucionar los problemas de financiamiento de la salud. En los países europeos la tarifa del IVA para los planes de salud privada es muy inferior a la tasa máxima. ¿Por qué no seguimos también ese ejemplo en Colombia?