Resistencia constitucional

La resistencia constitucional se erige como una expresión legítima del compromiso cívico e institucional con la defensa del ordenamiento jurídico y el Estado Social de Derecho. Lejos de constituir una vía de hecho o un acto de confrontación, es una manifestación cimentada en la dogmática constitucional y en el fortalecimiento permanente de nuestra arquitectura democrática. Su teleología radica en preservar el pacto fundacional de 1991 frente a cualquier intento de socavar los principios estructurales que sustentan el sistema colombiano.

Como bien advertía el jurista Hans Kelsen, la Constitución es el vértice del ordenamiento, la norma fundamental que otorga validez a toda actuación estatal. En este sentido, la soberanía popular -que, como recordaba Abraham Lincoln, legitima el gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”- conserva plena vigencia, pero no puede transmutarse en un instrumento para justificar el menoscabo de las garantías constitucionales ni la concentración arbitraria del poder. En un Estado de Derecho, el poder público solo es legítimo cuando se ejerce dentro de sus fronteras normativas.

Milenios antes, Aristóteles sentenció en La política que “donde las leyes no gobiernan no hay constitución, puesto que la ley debe gobernar sobre todas las cosas”. Esta máxima converge con el imperativo de Montesquieu sobre la necesidad ineludible de que “el poder detenga al poder”. La Constitución Política de 1991 materializa este legado al consagrar que es norma de normas y que toda autoridad se encuentra inexcusablemente sometida a su imperio, sin excepción.

Nuestro ordenamiento supremo se edificó sobre un modelo estatal sustentado en la dignidad humana, la supremacía constitucional, la estricta separación de poderes, el pluralismo y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Estos principios no son meras declaraciones programáticas; constituyen imperativos categóricos de inexcusable cumplimiento para las autoridades y la sociedad. Su observancia es el presupuesto insoslayable para la estabilidad institucional y la vigencia material de nuestra democracia representativa.

La resistencia constitucional exige, por tanto, que ciudadanos e instituciones funjan como celosos guardianes de la Carta Política, en línea con lo que doctrinantes como Karl Loewenstein denominaron la “defensa de la Constitución”. Defenderla implica agotar los mecanismos jurídicos previstos, acatar las decisiones institucionales, ejercer el control ciudadano mediante el voto y repudiar cualquier actuación tendiente a sustituir la voluntad democrática por hechos consumados al margen de la legalidad. La Carta Magna debe prevalecer por encima de coyunturas políticas o pretensiones de perpetuación en el poder.

Las instituciones son el escenario natural para la deliberación pública y la dialéctica democrática. Su preservación no es solo un mandato legal, sino una obligación ética suprema. Ninguna aspiración política puede justificar el marchitamiento de los órganos del Estado, la deslegitimación de la administración de justicia o la supresión de los controles constitucionales que resguardan a la ciudadanía por igual.

Desde la ontología del Estado Social de Derecho, toda controversia debe encontrar cauce a través de los procedimientos institucionales consagrados en la ley. La solidez de una democracia no se mide por la ausencia de disenso, sino por su madurez para dirimirlo bajo el irrestricto respeto a las reglas del juego democrático. Solo así se garantiza la seguridad jurídica, la gobernabilidad y la perpetuidad del orden constitucional.

La resistencia constitucional no entraña oposición al Estado; constituye, por el contrario, la defensa más auténtica de su institucionalidad. Representa el compromiso inquebrantable de salvaguardar la Constitución Política de 1991, reafirmando que ningún gobernante, autoridad o mayoría circunstancial puede erigirse por encima de ella. Proteger las instituciones es blindar la libertad; acatar la ley es honrar la voluntad soberana del pueblo colombiano y asegurar que el Estado continúe siendo, verdaderamente, un Estado Social y Democrático de Derecho.