Analistas 25/08/2020

Oportunidad histórica

Mientras los esfuerzos se concentran en paliar los efectos del covid-19, otro virus, el de la violencia, también busca su pico. La espiral de sangre y de dolor que han dejado las masacres de los últimos días enfrentan al país con una realidad que recuerda olvidos históricos y deudas eternas.

La pandemia pasará y en algún momento volverá la normalidad, mas no sucederá igual con esa parte de la Colombia sometida en tanto se siga aplazando la responsabilidad de emprender acciones inmediatas.

Las causas, viejas conocidas, son como repetir un disco rayado: el ELN copando espacios antes dominados por las Farc, disidencias de esa guerrilla en aumento, disputa entre organizaciones delincuenciales por el control de los territorios y el narcotráfico, la minería ilegal como nuevo motor de financiación y, de fondo, un Estado ausente.

Colombia lleva más de 50 años describiendo esa realidad. Con más o menos actores en el juego violento de la criminalidad, pero en general, la misma realidad, ¿por qué? y ¿hasta cuándo?

Cada vez que el país recae en sus dinámicas violentas, la indignación, el repudio nacional y las promesas de garantizar seguridad, inversión social y una verdadera presencia estatal no se hacen esperar, pero de fondo todo sigue igual. ¿En dónde ha estado este tiempo la voluntad política para gestar verdaderos cambios?

La responsabilidad no es solo de este Gobierno. Los descuidos e indiferencias acumulados por años desplazaron hace mucho el papel del Estado y en la bolsa de compromisos incumplidos caben varios distinguidos exmandatarios. Sin embargo, y como de poco sirve buscar culpables, lo que corresponde a la actual administración es actuar y hacerlo ya.

Distraerse comparando cifras y desgastarse en llamar homicidios colectivos a masacres es inútil. La criminalidad no da espera y es el liderazgo de quien está a cargo el que se pone a prueba.

De la misma manera en la que se afirma que no puede existir una dicotomía entre salud y economía, tampoco puede haberla entre el ejercicio legítimo de la fuerza y las oportunidades. Se hace inaplazable llegar a los rincones del país con seguridad, presencia militar e inteligencia, combatir las economías ilícitas de las que se desprende la violencia, pero también, y de forma paralela, con oferta de salud, educación, servicios y trabajo.

En la medida en que las atractivas rentas del narcotráfico y la minería ilegal sigan seduciendo a cientos de jóvenes sin escuelas ni empleo, quienes solo ven pasar sus días en medio de las necesidades, el pulso lo seguirán ganando los bandidos. Ahora hasta franquician a carteles mexicanos su boyante negocio. El Estado tiene la capacidad de combatirlos y el Gobierno la obligación de estructurar una gestión integral.

Medio siglo de inacción no se resuelve en dos años, pero sí da tiempo para sentar las bases del cambio. Aceptar las nuevas problemáticas que los vacíos y permisividades del acuerdo de paz con las Farc trajeron consigo hace parte de tomar las riendas.

Es imperativo pasar de hablar de una “Colombia profunda” ―frase que encierra cierto grado de resignación con la vulnerabilidad en las regiones―, a hablar simplemente de Colombia como territorio igual para todos.

No subestimar alertas tempranas, continuar priorizando los proyectos productivos con excombatientes, enfrentar la corrupción y garantizar seguridad conforman el abanico de acciones que exigen atención permanente del ejecutivo.

El presidente más joven en la historia reciente, parte de una generación que creció en la violencia, tiene una oportunidad de oro para dejar un legado único: convertirse en el mandatario que inició la transformación.