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Qué distinta es la indignación cuando la desgracia te toca. Cuando las historias de frustración e impotencia dejan de ser la versión del vecino y se convierten en vivencia propia. En Colombia, bastan solo segundos para quedar atrapado en dinámicas inescrupulosas en las que se desprecia la vida a cambio de billetes. En las que el aturdimiento saca provecho mientras abraza el fantasma de la muerte.
La mafia de las ambulancias con propina, de las sirenas compradas, que desconocen su misión para sucumbir al mejor postor, sigue operando sin pudor. La añeja problemática, al parecer, a ninguna autoridad trasnocha.
18 años, viernes, al fin día de rumba. Fiebre de primer semestre de universidad, encuentro con amigos. Una típica caminata capitalina, poco después de medianoche, se convierte en pesadilla. A 200 metros de la Clínica el Country, una moto en contravía y exceso de velocidad atropella al joven peatón que, minutos antes, departía entre risas con sus pares.
Resultado del choque: sangre emanando a borbotones de una cabeza abierta por el fuerte golpe contra el rudo asfalto. Podía ser muy grave, era urgente realizar una Tomografía Axial Computarizada (TAC) y descartar cualquier anomalía. Además, evidente fractura de tibia y peroné. El panorama lucía delicado. Sin embargo, llega la ambulancia y pese a la clara cercanía de uno de los más completos centros médicos de Bogotá, el vehículo, destinado a gestionar urgencias, decide recorrer, con el adolescente mal herido y de dolor aullando, unas mal contadas, 44 cuadras. Destino final: Clínica Nueva, calle 45 con carrera 16. Tal incoherencia, ¿cómo se explica?
Reportes de prensa dan cuenta de denuncias que se remontan a 2016. Desde entonces se tienen registros de al menos 54 instituciones a las que la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) decía haber puesto la lupa por presuntas prácticas fraudulentas. En ese momento se logró establecer que la tarifa por trasladar heridos en siniestros viales, a ′ciertos centros asistenciales‵, oscilaba entre los $70.000 y los $600.000. ¡Vaya rango! Todo dependía, y aún depende, del tipo y cantidad de procedimientos que requiera el doliente. Una tarea, para la que el ojo entrenado del paramédico, es más que eficiente.
El drama crece a la par que la palabra traslado aparece. Ya en el hospital, intimidan a los familiares para que el paciente se quede. Les repiten, cada segundo, que sacarlo representa un riesgo y, que dicho peligro, no lo asumen ellos. En sus amañadas prácticas saben que la salida del enfermo significa dejar escapar los más de $26 millones que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), por gastos médicos, en este tipo de siniestros.
Por supuesto, hay que evitar generalizar. En este caso, en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), la ambulancia involucrada figura a nombre de una persona natural. No obstante, tampoco se debe ignorar que el cuadro se repite desde hace seis años. Los llamados “cazasoat”, continúan flagrantes. Ni las investigaciones periodísticas ni las confesiones anónimas han valido para frenar la guachafita. ¿Para qué entonces los entes reguladores?
Esta vez le sucedió a alguien muy cercano. Las emergencias no dan espera. Un segundo de más en el trayecto puede convertirse en nefasto. Señores SuperSalud, ¿hasta cuándo?
