Cercados, pero por las mafias

En medio de las polémicas y escándalos que por estos días salpican al Gobierno, desapercibidos han pasado datos que desnudan una problemática en lo mínimo silenciosa, pero que, como sociedad, estamos descuidando: el regreso recargado del narcotráfico y sus muchos tentáculos cual mandamás que desplaza al Estado.

Mientras la administración Biden nos notifica que 97% de la droga que ingresa a ese territorio es colombiana y desde ya pide al Congreso norteamericano un recorte en ayudas de US$18 millones; seis ciudades de nuestra geografía figuran entre las más violentas del mundo.

El despliegue por varias zonas del país de grupos dedicados al rentable negocio de las sustancias ilícitas, explican expertos, ha llevado a que, además de Cali, urbe que se resiste a salir del deshonroso listado, ahora aparezcan mencionados destinos cuyo protagonismo deberían ser sus atractivos turísticos en lugar de sus altas tasas de homicidios. Es el caso de Santa Marta y Cartagena. Paraísos históricamente subestimados.

Tampoco es un secreto que detrás de algunas manifestaciones, ‘con aparente sello ciudadano’ y que terminan por salirse de control, mueven sus hilos Disidencias de Farc o el Clan del Golfo. Ambas, organizaciones criminales dedicadas a narcotraficar y vinculadas a la minería ilegal. Despiadadas agrupaciones que han encontrado en instrumentalizar comunidades el método más efectivo para generar caos y presionar concesiones además de aprovechar una distracción, finamente orquestada, que les permita mover con tranquilidad ‘su asuntos’.

Nada de espontáneo existe en el modus operandi del que fuimos testigos en las protestas de San Vicente del Caguán ni en la magnitud del paro que arrincona el Bajo Cauca.16 municipios de tres departamentos en jaque. ¡Vaya alcances!

¿Están los bandidos marcando la agenda en el país?, ¿son ellos quienes deciden cuándo y de qué manera estallan las ‘crisis sociales’?, ¿promueven y financian la anarquía? ¿Pasa factura la estrategia permisiva que persigue la ‘paz total’?, ¿se reencaucha Colombia como centro de operaciones sin igual para todo tipo de carteles? Avalancha de preguntas con obvias respuestas. Problemáticas que, de no ponerles tatequieto, seguirán llevando a la institucionalidad a ceder terreno y, recuperarlo, de sobra lo sabemos, nos ha costado sangre y fuego.

Ante lo evidente, imposible resulta hallar sentido a la orden de cesar operaciones militares ofensivas contra actores armados que frente a nuestros ojos se enriquecen traficando. Que extorsionan, asesinan y secuestran. Difícil es, también, asimilar las nocivas narrativas que alrededor de la Fuerza Pública hoy se promueven. Narrativas que debilitan, deslegitiman y humillan.

Por lo pronto, vamos en una ley de sometimiento que apoya el Consejo de Política Criminal, aunque con reparos, y sobre la que pesa la duda de si podrá conducir al desatentamiento de las estructuras. El quid del asunto, en realidad. El motor de la criminalidad está en las rentas ilegales. El temido efecto hidra; ese, en el que unas cabezas reemplazan otras sin que el mercado, producto de su carácter lucrativo se altere, está más que probado.

Lejos de cercos humanitarios, lo que estamos es cercados, pero por las mafias. El llamado ‘Pacto de la Picota’, al parecer, se resiste a ser un mito urbano.