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El arte del acuerdo roto

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“L’état, c’est moi” declaró Luis XIV: “el Estado soy yo”. Luis fue un monarca absoluto, cuya palabra era la ley, y servir a Francia significaba ser leal como individuo al propio Luis.

Un sistema como ese tenía ventajas evidentes: no había ninguna ambigüedad sobre dónde estaba la autoridad, no se perdía tiempo en debates legislativos, no había necesidad de improvisar coaliciones para que las cosas se hicieran. Sin embargo, Inglaterra y los Países Bajos, una monarquía constitucional (tras la Revolución Gloriosa de 1688) y una república con una población mixta de solo una fracción de su tamaño, combatieron a la Francia de Luis, la nación más poderosa de Europa, para llevarla a la parálisis.

En las guerras anglo-francesas posteriores, por lo general Francia se llevó la peor parte, mientras se sumergía en una crisis fiscal cada vez más profunda, la cual acabó por ayudar a apresurar la Revolución Francesa.

¿Por qué la monarquía absoluta fue más débil, en la práctica, que las repúblicas beligerantes? Una razón fue que la misma ausencia de límites para el gobernante socavó la credibilidad francesa: sin importar lo que el rey prometiera, siempre podía cambiar de opinión. No fue casualidad que Francia incumpliera los pagos de su deuda en repetidas ocasiones, mientras que la Inglaterra posterior a 1688, cuyo monarca contaba con restricciones efectivas del Parlamento, nunca lo hizo. En consecuencia, Inglaterra tuvo mucho mayor éxito con los préstamos en tiempos de guerra y pagó tasas de interés mucho más bajas.

Esto nos lleva, como casi todo en estos días, a Donald Trump —un hombre que siente un desprecio evidente por el estado de derecho y quien, al igual que Luis, no ve distinción alguna entre la lealtad a la nación y la lealtad a su persona. La principal diferencia es que parece que al menos Luis trataba de entender los problemas.

La noche del viernes, sucedió algo sin precedentes: el gobierno de Estados Unidos se cerró provisionalmente, aunque el mismo partido controla el Congreso y la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque tratándose de Trump, un acuerdo no es un acuerdo, solo son palabras que se siente en libertad de ignorar unos días después.

La historia hasta ahora: hace dos semanas, Trump declaró que si el congreso diseñaba un plan que protegiera a los “dreamers”—los inmigrantes indocumentados traídos al país en la infancia— además de mejorar la seguridad fronteriza, lo firmaría. Dos días después, un grupo bipartidista de senadores le llevó un plan que hacía justamente eso, el cual rechazó, quejándose sobre los inmigrantes de “países de mierda”.

El viernes, Chuck Schumer, el líder demócrata del senado, parecía por lo menos haber llegado a un acuerdo en el corto plazo con Trump, solo para ver cómo este lo desechaba unas horas después. Trabajar con Trump es como “negociar con una gelatina”, dijo Schumer furioso.

Por último, el lunes, los demócratas acordaron una extensión de tres semanas del financiamiento a cambio de una promesa de Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el senado, de someter a votación la legislación migratoria (hasta ahora Trump no se ha manifestado al respecto). De no ocurrir esa votación, volveremos a donde estábamos originalmente el 8 de febrero. ¿Hay alguien que quiera tomar apuestas?

Entonces, en resumidas cuentas, el gobierno de la nación más grande del mundo está dando tumbos de una crisis a otra porque su líder no es de fiar tratándose se cumplir un acuerdo. ¿Y qué esperaban? Toda la carrera empresarial de Trump ha estado conformada por una serie de traiciones: emprendimientos fallidos de los que él personalmente se benefició mientras otros, ya fueran los estudiantes de la Universidad Trump, sus vendedores o acreedores, acabaron “pagando el pato”. El cargo actual no lo ha hecho crecer en absoluto, salvo que cuenten esa pulgada adicional que apareció misteriosamente en su descripción de la licencia de conducir.

Hay dos cosas que deben entenderse sobre la evidente carencia de fiabilidad de Trump. En primer lugar, tiene ramificaciones que van mucho más allá del reciente cierre del gobierno y, en segundo lugar, se hace posible, o al menos se empeora, gracias a sus facilitadores en el congreso.

Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias internacionales de un presidente estadounidense en cuya palabra no se puede confiar. ¿A quiénes podremos contar entre nuestros fieles aliados, cuando ningún país sabe si Estados Unidos lo respaldará si necesita ayuda?

Por lo menos hasta ahora los mercados financieros han seguido considerando que el gobierno es de fiar, incluso cuando durante la campaña de 2016 Trump habló abiertamente de obligar a los acreedores del país —como hizo con los acreedores de algunas de sus empresas— a aceptar menos de lo que se les debe. ¿Y a este gobierno todavía le queda alguna credibilidad financiera si algo sale mal? Tal vez no.

En otras palabras, la falta de fiabilidad de Trump es un gran problema, por encima y más allá de la sustancia de sus políticas. No obstante, aquí está el detalle: aunque sus instintos son claramente autocráticos, la Constitución no lo pone por encima de la ley. El congreso tiene el poder de limitar sus acciones, obligarlo a honrar sus promesas. Su capacidad de seguir traicionando a aquellos que confían en él depende por completo de la disposición de los republicanos en el congreso a seguirle la corriente.

Por ejemplo, cualquiera de los dos senadores republicanos que actualmente están estrujándose las manos de nervios por la traición a los “dreamers” podrían haber obligado a que se actuara reteniendo sus votos al recorte fiscal de Trump. No lo hicieron. Una inacción similar explica por qué Trump ha sido capaz de violar todas las normas anteriores a fin de aprovechar su cargo para beneficio personal y muchas cosas más.

El resultado es que las promesas del gobierno estadounidense ahora valen igual de poco que las de un dictador de medio pelo. Sin embargo, todavía no sabemos qué tan elevado será el precio que pagaremos por esa pérdida de credibilidad, pero posiblemente no será poco.

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