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Los incentivos tributarios y arancelarios para la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable han sido trascendentales para el desarrollo de la transición energética en Colombia. Esto, sumado a las demás señales de política pública que ha dado el Gobierno Nacional, ha contribuido a que tengamos una complementariedad eficiente de todas las fuentes de generación en nuestra matriz de generación de energía que, valga recordar, ha sido renovable en 70% durante los últimos 30 años.
Estos beneficios a los que hago alusión, que consisten principalmente en deducciones especiales del impuesto sobre la renta, depreciaciones aceleradas de activos, exclusiones del IVA en la adquisición de bienes y servicios y exclusiones del gravamen arancelario, han permitido y permitirán el desarrollo de proyectos de generación de energía basados en nuevas fuentes renovables, que contribuyen al desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético nacional.
Adicionalmente, y gracias a tales incentivos, Colombia es pionera en materia energética, de la nueva agenda mundial de desarrollo, estando a la vanguardia del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los compromisos derivados de la adhesión de Colombia al Acuerdo de París sobre cambio climático, y a los deberes adquiridos por el Estado colombiano en las cumbres anuales y conferencias de las partes - COP, que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - Cmnucc.
Aquí vale la pena mencionar que tenemos compromisos por más de 2.800 MW (más de 3.000 millones de dólares de inversión) como resultado de las subastas de contrato de largo plazo (2019 y 2021) adelantadas por el Ministerio de Minas y Energía, que no es nada diferente a cumplir con un compromiso de entrega de energía al sistema eléctrico nacional a partir del año 2023. Para estos y los demás proyectos eólicos y solares que se están desarrollando, es crucial mantener los beneficios de las Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021.
El nuevo Gobierno ha hecho énfasis en la importancia de que nuestra economía se mueva con la energía proveniente del sol, el agua y el viento, y de mantener una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, a partir de un proceso de intensificación de la transición energética en curso. Es por esto que vemos la necesidad de los beneficios que mencioné anteriormente y las nuevas políticas se deben mantener alineadas, en pro del bienestar de los colombianos.
Los proyectos eólicos y solares que se están construyendo a lo largo y ancho del país son cruciales para aportar la energía necesaria, teniendo en cuenta las proyecciones de demanda de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y para lograr, a partir de la electrificación de nuestra economía, que todos los colombianos contemos con la prestación confiable, ininterrumpida y eficiente, del servicio público domiciliario de electricidad.
Así pues, continuemos con unas reglas de juego claras e, incluso, trabajemos por la profundización de estas, teniéndolas en cuenta dentro de reglamentaciones y reformas que se sacarán adelante en los próximos meses.
El sector eléctrico es y seguirá siendo pilar fundamental del desarrollo en Colombia y clave para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
