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El sistema de pago de recompensas a denunciantes de fraude (whistleblowers) en Estados Unidos, particularmente en agencias como el Servicio de Impuestos Internos, IRS, y la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, se convirtió en una herramienta poderosa para incentivar a ciudadanos y empleados a reportar actividades ilegales. Este mecanismo representa una forma en la que los denunciantes obtienen ingresos, en algunos casos transformando esta práctica en un “negocio” lucrativo.
En el caso del IRS, si un ciudadano o empleado informa sobre un fraude fiscal que supera los US$2 millones (o US$200.000 si el denunciado es una persona), puede recibir entre 15% y 30% de los fondos recuperados. Por ejemplo, Bradley Birkenfeld, un exbanquero de UBS, recibió US$104 millones en 2012 por denunciar cómo su institución ayudaba a estadounidenses ricos a evadir impuestos en cuentas suizas. En el caso de la SEC, las recompensas también oscilan entre 10% y 30% de las multas recaudadas en casos que superen el millón de dólares. Un caso emblemático es el de un denunciante anónimo que recibió US$$114 millones en 2020, el pago más alto registrado hasta la fecha.
Entre 2011 y 2020, el programa del IRS ayudó a recuperar cerca de US$6.000 millones, mientras que el de la SEC procesó más de 12.000 denuncias de fraude desde 2011, resultando en multas de varios miles de millones.
Estos programas envían un mensaje disuasivo a empresas e individuos: las actividades fraudulentas tienen un alto riesgo de ser descubiertas.
En Latinoamérica, los sistemas de recompensas para denunciantes son casi inexistentes o están en fases muy iniciales.
Por ejemplo:
• Brasil: aunque cuenta con leyes anticorrupción como la Ley de Leniencia, no ofrece recompensas directas a denunciantes individuales.
• México: tiene un programa limitado que protege a denunciantes de represalias, pero no se enfoca en incentivos económicos.
• Europa: países como el Reino Unido tienen sistemas más desarrollados. En 2021, el regulador financiero británico procesó cientos de denuncias, pero los pagos a denunciantes son raros y mucho menores que en Estados Unidos. Alemania y Francia priorizan la protección del denunciante sobre los incentivos económicos.
En Estados Unidos, el sistema evolucionó hasta el punto que algunos individuos lo ven como una oportunidad económica. Florecieron abogados especializados en representar a denunciantes y consultoras dedicadas a asesorar casos de fraude fiscal o financiero. Si bien esto generó controversia -con críticas que acusan al sistema de incentivar “cazarrecompensas”- los defensores argumentan que el beneficio para el estado justifica estas prácticas.
En Alemania, el caso Cum-Ex reveló un esquema fiscal masivo en el que bancos y empresas reclamaban reembolsos de impuestos no pagados. Aunque el sistema alemán no premió a los denunciantes, el escándalo generó un debate sobre la necesidad de incentivos similares a los estadounidenses.
En India, donde la evasión fiscal es un problema crónico, se lanzó un programa en 2018 para recompensar a denunciantes, pero con pagos más modestos y menos estructura legal, lo que limitó su impacto.
Para los países latinoamericanos, adoptar un modelo similar será transformador. Incentivar a los ciudadanos a denunciar irregularidades financieras reducirá la corrupción y la evasión fiscal, problemas crónicos en la región. Sin embargo, esto requiere un marco de protección robusto para evitar represalias contra los denunciantes.
En suma, el sistema estadounidense demuestra que los incentivos económicos pueden ser una herramienta poderosa para combatir el fraude y aumentar los ingresos públicos. Sin embargo, la implementación en otros países debe considerar las particularidades culturales y legales para garantizar su efectividad.
Las cosas como son.
