Reforma pensional en pausa

La Corte Constitucional decidió devolver la reforma pensional al Congreso por una falla en el trámite legislativo. En la última etapa del proceso, la Cámara de Representantes aprobó sin debate ni votación adecuada una proposición que acogía el texto aprobado previamente por el Senado. La Corte determinó que este procedimiento incumple las reglas del proceso legislativo y ordenó a la Cámara repetir la votación dentro de un plazo de 30 días hábiles. Además, advirtió que si como resultado de esta nueva discusión surge la necesidad de conciliar diferencias con el Senado, dicha conciliación debe realizarse dentro de una misma legislatura. Solo después de que se cumpla este proceso, el Congreso deberá enviar nuevamente el proyecto a la Corte para que esta pueda revisar su contenido y decidir si es conforme con la Constitución. Esto significa que la entrada en vigencia de la reforma, prevista para el 1° de julio, se aplaza hasta nueva orden.

Sin embargo, la Corte decidió mantener vigentes dos artículos de la ley. El primero establece que quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos deben elegir una administradora del componente complementario de ahorro individual (Accai). El segundo permite a las personas que están en transición -mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con al menos 900 semanas- contar con una ventana de dos años para trasladarse de régimen. Su aplicación no depende de que la reforma entre en pleno funcionamiento.

La decisión de mantener estos artículos vigentes es razonable. Aunque los traslados tienen un costo fiscal, cuando se hacían por vía judicial en más de 99% de los casos el ciudadano se trasladaba, pero demandando a un sistema en el que queremos que confíe. La vigencia de la selección de la Accai sugiere que hay elementos de la reforma que, al menos de forma preliminar, no generan dudas constitucionales, y es probable que el esquema de pilares se mantenga después de la revisión de fondo. Además, aplazar la entrada en vigencia de la reforma da más tiempo para que Colpensiones se prepare para recibir a millones de nuevos afiliados. Es una entidad que salió de un estado de cosas inconstitucional ganándose la confianza de los ciudadanos y si no está lista para prestar un buen servicio, esa confianza se puede perder.

En un contexto de alta confrontación política y con las elecciones de 2026 en el horizonte, es clave que este debate se dé con altura. El país necesita una discusión responsable para construir el mejor sistema pensional posible, no solo para quienes trabajan hoy, sino también para quienes trabajarán y se pensionarán en las próximas décadas. Aún hay temas de fondo que la Corte deberá revisar con detenimiento, como la creación de jubilación diferenciada para campesinos, indígenas, afrocolombianos y raizales. En la constitución está expresamente prohibido establecer nuevos regímenes especiales en el sistema pensional, por lo que será necesario encontrar otras formas de protección para las poblaciones vulnerables. La decisión de la Corte es acertada: permite corregir errores sin invalidar avances. Es una pausa, no un retroceso. El Congreso y el Gobierno tienen ahora la oportunidad y la obligación de hacer bien su tarea y consolidar un cambio estructural que sea legítimo, justo y sostenible.