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¡Acoso sexual en la Corte Constitucional! Es un corrillo que he escuchado de unos años para acá ¿Rumores? Sí, rumores, y no porque les reste importancia a las versiones, al contrario, es la historia conocida: cuando el acoso se ejerce en una relación de poder, a la víctima no le queda más remedio que callar, manejar la situación, ceder o perder su trabajo. Si eso pasa en jerarquías de una entidad cualquiera, ¿imagínense cuando hablamos de los máximos exponentes de la justicia? A los magistrados poco o nada les ha pasado por acusaciones como las del cartel de la toga, en las que hay intereses de grueso calibre político, menos les va a pasar con denuncias de acoso en las que la única prueba que tiene una víctima es su palabra.
Pero hay una razón más para el ocultamiento de estas prácticas, una razón sutil y que ahora se hace evidente: la estructura de la Corte, la complicidad de magistrados, una especie de código “yo te ayudo y tú me ayudas o yo te no te perjudico porque al final nos perjudicamos todos”. Vean esto, en vez de salir a ofrecer todas las garantías a las víctimas para que denuncien en una esfera de garantías, seguridad y protección, los magistrados actúan como si estuvieran molestos con quienes se atrevieron a denunciar. Y nadie dice nada, nadie rechaza nada. Ni siquiera alguna de las tres magistradas, de quienes uno esperaría un poquito de empatía.
El único que ha hablado es el presidente de la Corte, Alberto Rojas, pero sus respuestas me dejan más inquieta. Imagínense, lo primero que dice del informe, que entre otras cosas señala a alguien del “más alto rango”, es que “todavía no hay denuncias sobre los presuntos hechos” ¿Los presuntos hechos señor Rojas? Cómo denunciar si ustedes ni siquiera les dan crédito a las versiones.
Y peor que eso, el magistrado dice que “teme que ahora que se filtró el informe las víctimas no denuncien públicamente”, que esperaba “una reserva de conveniencia, porque se hace daño cuando ellos -las víctimas- ven que el presidente - es decir él mismo- está en todos los medios y hay un debate”. Esa afirmación demuestra que sí había una instrucción tácita de ocultamiento del informe con el pretexto de proteger a los abusados. Ahora resulta que mantener en secreto el testimonio de las víctimas es mejor para ellas. Lo será para los victimarios que se exponen menos a que los identifiquen, los señalen y tengan, aunque sea, una sanción social ¡Por Dios!, señalar públicamente un hecho victimizante reduce el nivel de impunidad y sirve a las víctimas como catalizador en un medio que existe bajo el poder de sus abusadores.
Pero esta es la peor inconsistencia: el doctor Rojas asegura que el informe de Usaid se socializó el 15 de julio. Sin embargo, el informe que yo tengo en mis manos tiene fecha de abril. Es el mismo que llegó en mayo al despacho de todos los togados. Como prueba esta una carta del 15 de mayo del magistrado Carlos Bernal, quien advierte lo grave del documento y la necesidad de “no invisibilizarlo”. Decir que el informe se conoció en julio es una gran mentira.
Lo que me temo con estas excusas es que ahora sí nada va a pasar. Ojalá me equivoque y se llegue al fondo, se conozcan nombres, se investigue por encima de las relaciones de poder y se castigue a abusadores y acosadores, sobre todo de esos del “más alto rango”.
