El error de Chile

Remplazar una constitución que viene de los años 80, que define una dictadura, que es considerada la herencia de Pinochet, que muchos declaran ilegítima por cuanto nació bajo un régimen y se escribió por una junta militar; una constitución tan prospera económicamente como desigualmente concebida. Remplazar esa constitución, que establecía un estado subsidiario, que permitió una coexistencia privada de todos los servicios, incluido el agua -porque sí, Chile es el único país de Latinoamérica donde el agua es un bien privado- es necesario, Chile lo quiso y lo necesita. En octubre de 2020, 80% de los chilenos dijo sí. En mayo de 2021, con la misma euforia, eligieron la Convención Paritaria, en su mayoría conformada por fuerzas progresistas de izquierda, incluso en diciembre de ese mismo año eligieron a Gabriel Boric como presidente, un líder surgido del “estallido social”, del “no más” del “necesitamos un cambio”. Es decir, Chile en su mayoría quiere nueva constitución, lo demostró en tres procesos electorales anteriores, entonces ¿qué podía salir mal? Mucho, sino, todo.

Los 155 asambleístas leyeron esos hechos como un cheque en blanco y se excedieron, no supieron interpretar la necesidad de cambio y refundaron con 388 artículos un país que solo es posible ahí, en el papel. Ignoraron, por ejemplo, voces de expertos que se juntaron en el proyecto “Convergencia Transversal”, compuesto incluso por exministros de corte socialista, que aseguraron que ese documento podía “afectar la estabilidad política y económica del país y con ello su desarrollo socioeconómico”.

Las críticas más resueltas arrancan por esa declaración de Chile como “un Estado Plurinacional”. En este punto llegaron las observaciones de las mismas autoridades mapuches, conscientes de que tanta autonomía generaría desigualdades. La nueva carta alentaba pequeñas naciones autónomas política, social y jurídicamente. Mejor dicho tratando de tapar el enorme hueco de la desigualdad social, abrían una brecha, y está quizá imposible de tapar.

Es cierto que Chile es uno de los países más desiguales de América Latina: Según las cifras del World Inequality Report de 2022, el 1% más rico concentra 49,6% de la riqueza total del país. Pero también es cierto que está a la cabeza en varios indicadores en la región: es según la ONU el número uno en los índices de desarrollo humano, de libertad humana y de competitividad global; también es líder en prosperidad global y calidad democrática.

El error fue sesgar la realidad y no ver el panorama completo. Con eso que asumieron como un cheque en blanco, la Convención Constituyente actuó como otra dictadura, claro desde su propia silla ideológica, pero imponiendo su parecer, carácter y visión. Diseñó el país que quería tener, pero ignoró el país para el que debía trabajar y al final cayó en lo mismo que criticó: la fallida constitución, rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre, como la vigente, redactada en 1980, en vez de unir divide aún más el país.

Ahora el camino será más largo pero ojalá más democrático. Chile tiene la tarea y obligación de redactar una nueva constitución, una plural y no plurinacional, una que interprete al país más desigual de la región, pero también al más próspero, una que interprete a 80% que pidió el cambio y a 20% que le tiene miedo.