Del chu-chu-chu al colapso

Que la crisis del sistema de salud colombiano haya sido retratada por el British Medical Journal no es un accidente ni una exageración narrativa. Es el punto al que se llega cuando un país deja de escucharse a sí mismo y necesita que desde afuera le digan lo evidente. Cuando una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo advierte que las decisiones políticas están destruyendo un sistema de salud, el debate deja de ser ideológico. Pasa a ser una constatación.

El BMJ no habla en abstracto. Habla de pacientes que no reciben medicamentos, de cirugías canceladas, de urgencias saturadas, de hospitales sin flujo de recursos y de un sistema que dejó de responder cuando más se le necesita. Habla de vidas puestas en riesgo no por falta de conocimiento médico ni por una catástrofe inevitable, sino por la forma en que el poder decidió intervenir un modelo sin tener cómo reemplazarlo.

Durante más de dos décadas, Colombia construyó un sistema que, con fallas evidentes, logró algo fundamental: cobertura casi universal y protección financiera para la mayoría de la población. No era perfecto, pero funcionaba. Ese dato no lo inventan los defensores del statu quo. Lo reconocieron la OMS, el Banco Mundial y ahora lo recuerda el BMJ.

La crisis que hoy viven los pacientes es consecuencia directa de decisiones políticas: desfinanciar a las EPS sin garantizar continuidad en la atención, intervenir entidades sin capacidad técnica suficiente, desconocer alertas de expertos y sentencias de la Corte Constitucional, y gobernar el sistema de salud desde la confrontación ideológica.

Mientras tanto, el discurso oficial insiste en negar lo evidente. El presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud y el superintendente actúan como si el colapso fuera una construcción mediática. Como si las salas cerradas, los medicamentos ausentes y los pacientes obligados a pagar de su bolsillo fueran una ficción. Le dan la espalda a la situación con la frase cínica de “los ricos también lloran” y administran la crisis con reinos y consignas ideológicas.

Lo más grave es que esta negación ocurre cuando los efectos ya no son marginales. Hospitales suspenden servicios esenciales. Clínicas reducen su capacidad. Médicos advierten que no pueden garantizar atención segura. Familias enteras vuelven a sentir miedo de enfermarse, no por la enfermedad, sino por el sistema.

El British Medical Journal lo resume sin rodeos: millones de vidas han sido puestas en riesgo. No por una pandemia ni por un desastre natural, sino por decisiones mal diseñadas y peor ejecutadas. La salud no admite ensayos políticos. No es un escenario para imponer relatos. Cada error se traduce en tiempo perdido, en atención tardía, en daño irreversible.

Que hoy la crisis de la salud colombiana sea tema de preocupación internacional debería provocar una revisión profunda del rumbo. Pero en lugar de eso, el Gobierno opta por persistir en la negación. Y esa es quizá la falla más peligrosa de todas. Porque cuando quienes toman decisiones se niegan a reconocer el problema, no solo lo prolongan: lo agravan.

La historia no juzgará esta crisis por los discursos ni por las intenciones declaradas. La juzgará por sus consecuencias, y esas ya empezaron a contarse en muertos.