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La política de gratuidad en la educación superior pública ha sido uno de los avances sociales más relevantes de los últimos años en Colombia. Gracias a ella, miles de jóvenes han podido ingresar a la universidad sin barreras económicas, mientras que las instituciones han recibido recursos adicionales que, con base en la matrícula efectiva, les han permitido ampliar su cobertura.
No obstante, el reciente anuncio de asignar $2,14 billones anuales como transferencia directa a las instituciones públicas plantea un giro preocupante. De consolidarse como gasto de funcionamiento permanente, esta política corre el riesgo de perder su enfoque estratégico y convertirse en una carga fiscal estructural.
Es importante recordar que los recursos de gratuidad no son un subsidio a las universidades, sino una inversión pública dirigida a los estudiantes que cumplen con los requisitos socioeconómicos definidos por el Estado. Su asignación está condicionada a la matrícula efectiva: el dinero sigue al estudiante, no a la institución.
Este modelo ha tenido una virtud clara: ha introducido un incentivo positivo para que las universidades amplíen su cobertura, mejoren su gestión académica y retengan a los estudiantes. Las instituciones deben demostrar resultados para acceder a estos recursos, y si no los ejecutan, deben devolverlos. En este esquema, el esfuerzo institucional está alineado con el beneficio estudiantil.
Si estos recursos se incorporan a la base presupuestal de funcionamiento, dejan de estar sujetos a desempeño y matrícula efectiva. Se transforman en gasto fijo, perdiendo su carácter condicionado. Esto puede consolidar estructuras institucionales poco eficientes y desincentivar la innovación o la mejora continua. Las universidades recibirían recursos sin importar si crecen, mejoran o retienen a sus estudiantes.
Durante el actual Gobierno, todas las universidades públicas han recibido recursos adicionales a través de los Planes Integrales de Cobertura (PIC): más de $100.000 millones en 2023 y $200.000 millones en 2024. Sin embargo, no todas han contribuido a la meta nacional de 500.000 nuevos cupos. Algunas, incluso, han reducido su matrícula.
Esto demuestra que aumentar los recursos en la base presupuestal no garantiza una mayor cobertura si no hay incentivos y condiciones claras. Más recursos, sin exigencias de resultado, pueden derivar en gasto ineficaz.
¿Desaparece la matrícula?
No. Las universidades siguen definiendo el valor de sus matrículas. Es la Nación quien asume el pago para los estudiantes beneficiarios. Pero si el giro se hace como gasto general de funcionamiento, se pierde la trazabilidad del beneficio individual y se diluye la lógica de subsidio directo.
Conclusión
La gratuidad debe mantenerse como una política de inversión orientada al estudiante, no como un gasto rígido institucional. Solo así seguirá siendo una herramienta eficaz para ampliar el acceso, mejorar la calidad y garantizar la equidad en la educación superior.
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