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Ninguna empresa puede aspirar a sostenibilidad si opera en entornos institucionalmente frágiles. La erosión del Estado de derecho, la corrupción y la desigualdad no solo son barreras para el desarrollo, sino también para la estabilidad de los negocios. En este contexto, la ciudadanía corporativa deja de ser una opción reputacional para convertirse en un imperativo estratégico.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 -Paz, justicia e instituciones sólidas- no es un llamado retórico. Es la base sobre la cual se edifican los demás compromisos globales. Sin instituciones confiables y transparentes, sin gobiernos que funcionen y mercados que operen con reglas claras, no hay progreso posible. En años recientes, la corrupción ha representado 5% del PIB global y consume más de US$1,2 billones anuales solo en países en desarrollo. Estos datos, respaldados por el Banco Mundial y Transparencia Internacional, evidencian que los desequilibrios institucionales no son un problema ajeno al sector privado: son un riesgo sistémico.
Frente a esto, el rol empresarial se redefine. Ya no basta con evitar el daño: se espera liderazgo activo. Las compañías deben asumir la construcción de valor no solo económico, sino también cívico. Esto implica incorporar prácticas de buen gobierno, fortalecer la transparencia, desarrollar infraestructura ética y fomentar una cultura organizacional alineada con los principios democráticos. Tal como lo propone el marco Business for the Rule of Law del Pacto Global de Naciones Unidas, las empresas pueden, y deben, colaborar con gobiernos, promover el acceso a la justicia, innovar en tecnologías para la participación ciudadana y facilitar entornos regulatorios sólidos.
La ciudadanía corporativa responsable se mide por la capacidad de una empresa para asumir las consecuencias de su modelo de negocio en el ecosistema donde opera. Requiere decisiones coherentes, métricas que evalúen impactos más allá de lo económico y estrategias que articulen desarrollo, inclusión y legalidad. Implica también preparar a los colaboradores como agentes activos de transformación, capaces de reconocer y prevenir riesgos sociales, ambientales y reputacionales.
Este enfoque demanda coherencia: combatir el soborno, fortalecer estándares laborales, promover igualdad de oportunidades y eliminar prácticas discriminatorias. Exige integrar a proveedores, clientes, gobiernos y comunidades en esquemas de corresponsabilidad. Como señalan Matten, Crane y Waddock, una ciudadanía corporativa ejemplar crea círculos concéntricos de valor, guiados por inteligencia emocional, justicia en las relaciones y respeto por las reglas del juego.
En última instancia, las organizaciones que entienden que su prosperidad depende del entorno son las llamadas a liderar esta transformación. El reto no es menor: construir empresas que fortalezcan las instituciones desde dentro, que formen líderes conscientes de su huella social y que eleven la conversación pública. No es altruismo; es estrategia. Y es, quizás, la única vía para sostener negocios viables en sociedades viables. Esa es la nueva frontera del liderazgo empresarial.
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